Hablan los juristas sobre las consecuencias para las comunidades de no acatar las nuevas restricciones del Gobierno

Las restricciones al ocio nocturno y la hostelería acordadas el miércoles en el Consejo Interterritorial por el Ministerio de Sanidad han provocado una rebelión en un grupo de comunidades autónomas, que se niega a acatarlas al entender que son una imposición que invade competencias, por lo que amenazan recurrirlas.

Antena 3 Noticias ha contactado a varios expertos juristas para saber a qué se exponen los gobiernos autonómicos que no cumplan con las restricciones aprobadas por el ejecutivo.

En este punto, señalan los expertos, hay que tener en cuenta que las decisiones sobre aforo, horario o cierre de locales son competencia de las autonomía y no del Gobierno. Por lo tanto, si una comunidad quiere puede no cumplir con el cierre.

El Estado, sin herramienta jurídica

El Ejecutivo sería entonces el encargado de llevar ante los tribunales a la comunidad autónoma incumplidora.

"Las comunidades que en el ámbito de sus competencias consideren que no tienen que acatarlas, Sanidad no tiene un instrumento normativo para imponer esas medidas", explica Efrén Díaz, abogado del gabinete Mas y Calvet.

"Sólo en el marco del Estado de alarma el Gobierno central puede imponer medidas en materia de protección de la salud a todas las comunidades autónomas", tercia por su parte el magistrado Joaquim Bosch.

Darias descarta acudir a los tribunales

Mientras tanto, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, aboga por trabajar con las autonomías y les ha invitado a establecer "marcos de actuaciones comunes", al tiempo que rechazado acudir a los tribunales porque "la judicialización es el último paso en la política".

De obligado cumplimiento en todo el territorio, según ha recordado el Ministerio de Sanidad, la declaración de actuaciones coordinadas acordada ayer en el Consejo Interterritorial permite la reapertura del ocio nocturno hasta las 2, ampliable hasta las 3.

Pero solo en aquellas zonas que estén en los niveles más bajos de riesgo (nueva normalidad o nivel 1, que implica una incidencia inferior a los 50 casos por cada 100.000 habitantes), que por ahora solo cumplen Baleares, la Comunidad Valenciana y Ceuta (con 38, 35 y 28, respectivamente).