LA FIANZA IMPUESTA ES DE 400.000 EUROS
El exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Francisco Granados ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que rebaje la fianza de 400.000 euros impuesta para salir de prisión hasta los 120.000 euros, cantidad "máxima" que, según indica, podría reunir. En un escrito dirigido al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, el exmandatario 'popular', en prisión desde el 31 de octubre de 2014 por el 'caso Púnica', propone tres formas para poder hacer efectivo el pago de la fianza.
El que fuera 'número dos' de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre recuerda en su escrito que todo su patrimonio se encuentra "bloqueado" y las cuentas corrientes "intervenidas", por lo que le resulta imposible recaudar la fianza fijada por el juez instructor. Por ello, la primera de las "posibilidades" que ofrece Granados para poder salir de prisión es rebajar la cantidad señalada por Velasco hasta 120.000 euros. Según dice el escrito, esta suma de dinero es la "máxima" que podría reunir "contando con todo el numerario familiar". Además, asegura que esta opción es la que le permitiría recuperar su libertad con más "rapidez". El exconsejero apunta que el presunto 'cerebro' de la trama Púnica y su amigo, el empresario David Marjaliza, salió de prisión tras abonar una "cantidad similar".
La segunda opción que propone se trata del desbloqueo de una de las cuentas intervenidas cuyo saldo es de 630.000 euros, resultado de la venta de cinco parcelas recibidas por herencia de su padre y adquiridas de su madre y su hermano. Explica que cuatro de estas parcelas después fueron vendidas a Marjaliza y otra, "más pequeña" y en "peor situación", a la hermana de su esposa Nieves Alarcón por el valor de 315.047, 85 euros, según indica el informe pericial que adjunta a este escrito.
El exmandatario madrileño sugiere que se desbloquee el saldo completo para abonar la fianza y quede "todo ello intervenido", o que se permita el acceso "parcial" a la cuenta y utilizar el importe del valor de esta última parcela vendida a su cuñada para pagar la fianza exigida. "Se detraerían 240.000 euros para la fianza que se rebajaría en 160.000 euros, quedando el resto bloqueado y a disposición del juzgado", apostilla.
Sobre inmuebles y terrenos versa también la última de las propuestas que hace Granados. En esta ocasión se trata de la constitución de una fianza hipotecaria sobre los bienes de su familia: la casa en la "plaza el pueblo" de su madre --cuyo valor tiene que ser tasado, señala--; el piso de su hermano en Madrid, adquirida aproximadamente por 500.000 euros y con una hipoteca de 100.000 euros; y un terreno rústico de 8.646 metros cuadrados heredado de su padre y con el que comparte propiedad del 50 por ciento con su hermano.
El considerado 'cabecilla' de la Púnica precisa sobre este último que la parte correspondiente a su hermano Alfonso no está embargada y por tanto se puede utilizar como aval para abonar la fianza. Aporta también notas simples informativas relacionadas con la casa de su madre y del terreno rústico, pero no del piso.
El pasado 17 de mayo el juez Velasco decretó en un auto la libertad bajo fianza de 400.000 euros, modificando así la prisión incondicional acordada inicialmente. El magistrado cambió de criterio tras los últimos registros practicados en la pieza relativa a irregularidades en la empresa pública Arpegio y el levantamiento del secreto de sumario de la pieza número 14 de la trama, relacionada con la financiación presuntamente irregular del PP.
El instructor argumentó que el riesgo de que Granados pueda "influir en la destrucción y desaparición de pruebas" ha disminuido, al igual que las probabilidades de fuga, después de estar más de dos años y medio en la prisión de Estremera (Madrid) desde su detención. No obstante, Velasco cree que estos riesgos "no han desaparecido del todo" y le ha impuesto comparecencias dos veces al mes, facilitar número de teléfono y correo para ser localizado de forma permanente, fijar domicilio y la prohibición de salir del territorio nacional sin autorización judicial.