TRABAJO A CONTRARRELOJ
La mayor parte de estos primeros ajustes están en manos del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, que debe realizar un primer análisis de las cuentas para decidir qué partidas se congelan y cuáles deben ajustarse para cumplir con el compromiso de reducción del déficit.
El Consejo, según avanzó el jefe del Ejecutivo en su discurso de investidura y confirmó después en la primera reunión que mantuvo con sus ministros en La Moncloa el pasado viernes, aprobará un real decreto para prorrogar los presupuestos de este año y evitar un vacío legal mientras se diseñan unas cuentas nuevas para 2012, que se presentarán antes del 31 de marzo.
Entre las medidas urgentes que se aprobarán el viernes estará la revalorización de las pensiones para garantizar su poder adquisitivo a partir del 1 de enero, uno de los compromisos electorales del PP. Pero, como advirtió Rajoy, todas las demás políticas "son susceptibles de una reducción a la baja". La portavoz del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, no aclaró por ejemplo qué pasará con el salario de los funcionarios; si se prorrogan los presupuestos esos sueldos quedarían congelados y su actualización dependerá del análisis de las grandes cifras que debe realizar Montoro. Junto al decreto se aprobará "un acuerdo de no disponibilidad" de gasto, es decir, el recorte de determinadas partidas presupuestarias para empezar a cumplir en los primeros tres meses de 2012 el compromiso de reducción del déficit público.
A la espera de conocer todos los detalles de las cuentas que hereda de los socialistas, el objetivo del Gobierno es ahorrar en 2012 un total de 16.500 millones de euros para garantizar que el déficit quedará a final de año en el 4,4% del PIB, el compromiso adquirido en la UE. Quedan además todavía por nombrar dos tercios de los secretarios de Estado del Ejecutivo y diseñar la estructura de los ministerios, que, como ya adelantó Sáenz de Santamaría, reflejarán la austeridad que quiere imprimir el Gobierno en todas sus políticas, lo que afectará tanto al número de altos cargos como al personal eventual.