El Gobierno negocia contra reloj su nuevo decreto de vivienda mientras la expropiación divide a la coalición

El Gobierno negocia contra reloj un nuevo decreto de vivienda que pretende aprobar el próximo martes, en plena presión social por los desahucios y con varios frentes abiertos tanto dentro de la coalición como con sus posibles aliados parlamentarios.

El Ejecutivo asegura que quiere llegar hasta el final para sacar adelante una norma que dé respuesta a la emergencia habitacional. Pero las negociaciones siguen abiertas y uno de los principales escollos está en la expropiación de viviendas.

Para Sumar, esta medida resulta imprescindible. El PSOE, en cambio, descarta incluirla y sostiene que las expropiaciones no tendrían un encaje constitucional claro, y que no servirían para resolver estos casos de manera efectiva. A este desacuerdo interno se suma la incertidumbre sobre el apoyo de Podemos y Junts.

El Gobierno defiende además que el texto ha sido elaborado con rigor y que contempla, entre otras medidas, bonificaciones para propietarios. Una posibilidad que Podemos ha cuestionado al considerar que el decreto podría quedarse en un parche y no ofrecer una solución estructural al problema de la vivienda.

El debate se ha visto condicionado por el 'caso de MariCarmen', cuyo desahucio ha provocado una fuerte reacción política y social. El Gobierno sostiene que hay que evitar situaciones similares, mientras que el PP asegura que el futuro decreto no habría impedido su desahucio, y acusa al Ejecutivo de utilizar el caso políticamente.

La clave del 'caso Maricarmen'

En el caso concreto de MariCarmen, la clave está en las circunstancias de su contrato. Según el análisis jurídico del caso, el nuevo decreto no abordaría específicamente la problemática de los contratos de renta antigua, ni la subrogación que afecta a su situación. Además, las eventuales suspensiones de un lanzamiento están vinculadas a la existencia de una situación de vulnerabilidad y, en determinados supuestos, a que no exista una alternativa habitacional.

Por tanto, incluso con una nueva regulación en vigor, la paralización del desahucio no sería automática: dependería de las circunstancias concretas del procedimiento, y de la existencia o no de una alternativa habitacional.

El antecedente más reciente es el Real Decreto-ley 2/2026, aprobado el 3 de febrero, que extendía hasta el 31 de diciembre de 2026 la suspensión de determinados desahucios y lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional. La norma también establecía excepciones para determinados pequeños propietarios. Sin embargo, el Congreso la derogó el 26 de febrero por 172 votos a favor, 177 en contra y una abstención.

En marzo, el Gobierno volvió a aprobar medidas en materia de alquiler. El decreto aprobado el 20 de marzo estableció una prórroga extraordinaria de hasta dos años para determinados contratos, y limitó al 2% la actualización anual de las rentas hasta el 31 de diciembre de 2027, con reglas específicas para los grandes tenedores.

Ahora, el Ejecutivo vuelve a acelerar las negociaciones con el objetivo de aprobar un nuevo paquete de medidas este martes. El Gobierno reclama a sus socios parlamentarios "altura de miras", mientras las diferencias sobre la expropiación, las ayudas a los propietarios y el alcance real de la protección frente a los desahucios mantienen abierta la negociación.

En este contexto, el 'caso de MariCarmen' se ha convertido en el símbolo de un debate que enfrenta dos cuestiones: hasta dónde puede llegar la protección de los inquilinos vulnerables, y qué medidas son jurídicamente posibles para evitar que una situación como la suya termine en un desahucio.