Doñana
El acuerdo en Doñana se produce un mes después del primer encuentro entre Teresa Ribera y Juanma Moreno.
Los agricultores de la comarca de Doñana recibirán una ayuda de 100.000 euros por hectárea que cobrarán en cinco años a cambio de dejar de cultivar sus tierras y "renaturalizar o reforestar". Así lo ha anunciado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, junto a la ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, tras la firma del acuerdo. Gracias a él se establece una inversión de unos 1.400 millones de euros en 14 localidades del entorno localizadas en las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz.
El acuerdo llega después de semanas de negociaciones. Ambos dirigentes han firmado el protocolo para el desarrollo territorial sostenible del área de influencia del espacio natural de Doñana.
De esta ayuda, la mayoría serán aportados por el Gobierno central, mientras que la Junta destinará 20.000 euros y la Diputación de Huelva añadirá otros 10.000 euros. Aquellos agricultores que no quieran dejar de cultivar podrán optar también por reconvertir sus explotaciones en cultivos de secano o en producción ecológica, pero en este caso, ha precisado Moreno, las ayudas serán "bastante menores".
Con este acuerdo, ha dicho la ministra, "ponemos fin a presiones y nos compromete con vecinos y municipios", a la vez que ha resaltado que ello "refleja nuestra convicción de que debemos responder a los mandatos de la ley que subraya la trascendencia que tiene que las generaciones de hoy velemos por los tesoros que tenemos y las leguemos para el futuro".
Asimismo, se destinarán 7,8 millones de euros a reforzar el cierre de pozos ilegales, al control del consumo en las concesiones y el seguimiento de cultivos en regadío mediante imágenes de satélite y la guardería fluvial. También 156,2 millones de euros a otras iniciativas orientadas a disminuir las extracciones de dichas aguas.
Ribera ha agradecido a Moreno y a su gobierno el esfuerzo realizado para llegar a este acuerdo que demuestra que es posible el entendimiento pese a las discrepancias.
El acuerdo llega después de que ambos se dieran un mes para que fructificara la negociación bilateral. Moreno y Ribera anunciaron el pasado mes de octubre que se posponía la aprobación de la proposición de ley de ordenación de los regadíos de la corona norte de Doñana en el Parlamento andaluz. Seguidamente, que ponían en marcha un "diálogo" con todas las partes en un mes con el objetivo de buscar una solución.
En ese primer encuentro, el Gobierno central se comprometió a una inversión de 350 millones de euros en la comarca con el fin de evitar que se legalicen cultivos que inciden en el acuífero de Doñana. Ribera avanzó que se dará a la comarca alternativas "basadas en cosas que no supongan más agua".
Para ello se formó un grupo de trabajo que, desde entonces, ha mantenido encuentros y recibido aportaciones de los diferentes agentes económicos y sociales de la comarca para buscar una solución lo más consensuada posible.
Durante el tiempo de negociación, la mesa negociadora mantuvo una interlocución con diferentes sectores implicados en la búsqueda de una negociación como agricultores de la zona o sindicatos.
El acuerdo será similar al de la Oficina Técnica del Mar Menor, en Murcia. Su objetivo será el de marcar las actuaciones prioritarias en el parque nacional andaluz y proteger el ecosistema junto con las condiciones socioeconómicas en la zona.
El Parlamento andaluz acogió el pasado mes de abril una proposición de ley dispuesta por el PP y Vox para la regulación de los regadíos después de que se registrara un estado crítico en Doñana debido a la sequía. El objetivo de esta proposición de ley era ampliar la zona regable, a pesar de las advertencias de la Unión Europea y de la negativa del Gobierno central.
Según los datos de los estudios analizados por Eloy Revilla, director de la Estación Biológica de Doñana, el deterioro en todo el parque es generalizado. Incluso, se ha confirmado que el 59% de las lagunas de mayor tamaño de Doñana no se han llenado desde 2013.