El Gobierno intenta reformar la 'ley mordaza' ante la falta de acuerdo con sus socios: "Seguimos igual"

En un mes habitualmente inhábil en el Congreso de los Diputados, cualquier convocatoria se entiende como algo excepcional y de extrema urgencia. Así es precisamente, cómo se han acostumbrado a trabajar en los últimos meses los grupos que conforman el Ejecutivo de coalición, Partido Socialista y Unidas Podemos. Negocian en privado y con la máxima discreción. Y una vez que tienen un acuerdo prácticamente cerrado, aceleran su trámite en la cámara baja.

Esta fórmula se repite una vez más con la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como 'ley mordaza'. La iniciativa la registró el PNV, uno de los socios más estrechos con el Ejecutivo, prácticamente al inicio de la legislatura en 2019. Y desde entonces, la Mesa del Congreso había prorrogado más de medio centenar de veces los plazos para avanzar en su tramitación, hasta este pasado diciembre. Ahora sí, en menos de 30 días, se han celebrado tres ponencias de la Comisión de Interior, la encargada de debatir y votar la reforma.

Escasos avances en la última ponencia del Congreso

La última reunión de este jueves, convocada excepcionalmente un par de días antes, ha seguido la línea de las últimas. Los seis partidos decididos a llevar a cabo la derogación parcial de la norma -Partido Socialista, Unidas Podemos, ERC, PNV, Bildu y Junts- han integrado en el dictamen de la ponencia los últimos acuerdos alcanzados en más de una treintena de reuniones previas. Las últimas tan solo días después de arrancar el año nuevo.

Uno de los últimos acuerdos incorporados al texto está en el modelo de sanciones de la norma. Los grupos abogaban por multas progresivas. Es decir, que cada sancionado pagase en función de sus ingresos del sancionado. Para ello, han pactado una rebaja en las infracciones mínimas de la Ley de Seguridad Ciudadana. La sanción máxima no superará los 500 euros, frente a los 600 actuales de la norma aprobada por el Partido Popular en 2015. También las multas altas pasar de tener un techo de 30.000 euros a 25.000. Se mantienen, sin embargo, las más graves de 600.000 euros, para alteraciones, por ejemplo, de espectáculos deportivos o culturales.

Los "escollos" que alejan a los socios

El problema es que el acuerdo alcanzado sigue estando incompleto. Los grupos no han acercado posturas en algunos de los puntos más polémicos de la ley. Aún queda pendiente ver qué ocurre con las devoluciones en caliente de inmigrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla, las infracciones por faltas de respeto a agentes o la utilización de pelotas de goma por parte de la policía.

Este último punto es uno de los que más alejaría a los socios de investidura. Unidas Podemos, por ejemplo, apuesta por retirarlas y evitar que se utilicen pese a las críticas de las asociaciones policiales. El PNV, en cambio, quiere evitar su prohibición, aunque en la práctica abogue porque no se utilicen. Algo que ya ocurre en el País Vasco.

Bildu aleja la posibilidad de una reforma: "Seguimos igual"

Ante las dificultades para salvar estos escollos, el diputado de Bildu, Jon Iñarritu, alerta de que de nada servirían los acuerdos materializados si no se va más lejos. "Aún quedan los aspectos más lesivos. Espero que en próximas semanas se pueda avanzar, sino será imposible llegar a una derogación de los artículos más lesivos", afirma tajantemente. Y añade que después de más de 35 reuniones, "seguimos igual".

El portavoz adjunto de Unidas Podemos y encargado de capitanear las negociaciones entre los grupos, Enrique Santiago, es más positivo. "Estamos muy satisfechos. Hemos avanzado bastante", decía a la salida de la ponencia de este jueves. Santiago está esperanzado en que la reforma pueda aprobarse "pronto".

Al menos esa es la intención de los socios de coalición, que volverán a reunir la ponencia la próxima semana y, si todo va bien, convocarían la Comisión de Interior antes de que termine enero. Sería el penúltimo paso antes de que la ley llegase a pleno y quedase aprobada definitivamente.