Inmigración
La presidenta madrileña tacha de "lamentable" el acuerdo y anuncia que lo recurrirá ante los tribunales y ante la UE.
Después de meses de intensas negociaciones e intercambios de propuestas, PSOE y Junts han alcanzado un acuerdo para modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería que establecerá un nuevo sistema de reparto obligatorio para los menores inmigrantes en situación de emergencia humanitaria. Se consigue así también cerrar algo urgente: El reparto de los más de 5.000 menores inmigrantes no acompañados que se encuentran en Canarias.
Una vez más, el gobierno ha permitido a Junts colgarse la medalla, hacer el anuncio a primera hora de la mañana. Después la portavoz de los de Puigdemont en el Congreso ha sacado pecho. Según Miriam Nogueras el acuerdo "corrige una desigualdad histórica". Mantiene además que la comunidad recibirá a una treintena de estos menores, cifra menor a la de otros territorios, porque han hecho previamente "un esfuerzo" mayor.
También desde el gobierno defienden lo acordado. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, lo ha definido como "un hito en defensa de los derechos humanos y del interés del menor". Torres ha reconocido que la labor negociadora ha sido "intensa", ha apelado al PP y a Vox para que cambien su sentido de voto y pasen a apoyarlo y, de paso, ha recordado a las comunidades autónomas que lo aprobado hoy es de "obligado cumplimiento". "Esperamos que no tengamos conflictos de carácter jurídico (...) Este Real Decreto va a dejar claro los números", ha advertido.
El pacto ha sido especialmente bien acogido en Canarias. Su presidente Clavijo, que gobierna con el PP, asegura que es una "magnífica noticia" y ha pedido al PP que decida "si quiere ser un partido con vocación de gobernar España o ser un partido oportunista".
Clavijo ha vuelto a apelar a la solidaridad de otras comunidades, advirtiéndoles de que la situación de emergencia que ahora viven en la isla, podría trasladarse a sus territorios: "Hoy le toca a Canarias y a Ceuta, mañana puede ser Andalucía, Valencia... Esto va a perdurar".
La respuesta del PP ha sido inmediata. Desde la dirección nacional aseguran que todas las comunidades gobernadas por ellos tienen una postura unitaria que se basa en no acoger a menores inmigrantes "si no hay capacidad para alojarlos con respeto y garantías". Desde el PP aseguran que, si el gobierno "no pone medios ni financiación", ninguna de sus comunidades colaborará. E insisten en que las condiciones que pusieron sobre la mesa en la anterior negociación siguen intactas.
El portavoz del PP en el Congreso ha acusado directamente a Sánchez de "mercadear" con los menores. Según Tellado, el gobierno no ha querido escuchar sus condiciones y ha preferido volver a acordar con Puigdemont. "Quieren imponer un reparto partidista y vamos a estar en contra de la imposición y del reparto partidista", ha asegurado.
Una de las presidentas populares más críticas ha sido la madrileña. Isabel Díaz Ayuso ha tachado de "lamentable" el acuerdo y ha asegurado que lo llevará ante los tribunales y ante la Unión Europea. "Se usa a estos menores de arma política. Lo pagan ellos y cada ciudad donde son enviados de manera desalmada", ha asegurado en sus redes sociales.
También los presidentes de la Junta de Andalucía y de Galicia han mostrado su rechazo. Lo definen como un "chantaje", un "atropello" y se niegan a aceptarlo tal y como se ha firmado.
Nada sorprende ha sido la postura de Vox. En sus redes sociales Abascal ha cargado contra el acuerdo y en rueda de prensa su portavoz, Pepa Millán, lo ha definido como un nuevo "chantaje de casta separatista".
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