EN CONSEJO DE MINISTROS
La vicepresidenta del Gobierno ha asegurado que espera que Artur Mas "sea muy consciente de que si en el primer referéndum imcumplía la Constitución, ahora vulnera derechos de los ciudadanos de Cataluña porque les está trasladando a ellos una responsabilidad que él ha decidido no asumir".
El Consejo de Ministros ha acordado impugnar ante el Tribunal Constitucional las actuaciones de la Generalitat encaminadas a celebrar una consulta alternativa en Cataluña el 9 de noviembre, después de contar con el apoyo del Consejo del Estado.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha informado en rueda de prensa de la decisión del Ejecutivo, adoptada después de que el Consejo de Estado diera su visto bueno a la impugnación.
Según Santamaría, recurrirán el 9-N planteado "sin ninguna base legal y sin ninguna de las garantías democráticas más básicas", y ha recordado que está convocado para la misma fecha que la consulta ya suspendida por el TC, con la misma pregunta, las mismas papeletas y las mismas urnas, además de no tener ninguna administración electoral que la respalde y estar pilotada por "quienes defienden un resultado concreto".
Santamaría ha asegurado que el Ejecutivo no se ha planteado "cortar el grifo" a los ciudadanos de Cataluña: "No vamos a perjudicar a los ciudadanos de Cataluña porque la Generalitat no cumpla con sus obligaciones constitucionales", y ha añadido: "Un proceso en el que quien lo dirige no asume ninguna responsabilidad y traslada la responsabilidad en un plano personal a los funcionarios les está perjudicando en sus derechos y en su tranquilidad".
Además ha asegurado que pretenden "evitar un fraude a los ciudadanos y un fraude de ley".
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El ministro marroquí ha insistido en que ellos sí quieren que vuelvan los inmigrantes que entraron en España, tanto los mayores de edad como los menores. Pero que España no lo permite.
El debate se ha visto condicionado por el 'caso de MariCarmen', cuyo desahucio ha provocado una fuerte reacción política y social. El Gobierno sostiene que hay que evitar situaciones similares, mientras que el PP asegura que el futuro decreto no habría impedido su desahucio, y acusa al Ejecutivo de utilizar el caso políticamente.