tras la decisión del govern de suspender el envío de informes sobre sus gastos
"El Gobierno, ante la situación de manifiesta ilegalidad de la Generalitat, ha puesto en marcha un mecanismo de control de pagos absolutamente necesario para garantizar los servicios públicos de los catalanes", ha dicho el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Si en 48h la Generalitat no cumple, el Estado asumirá el pago de las partidas
El Ejecutivo ha dado 48 horas de plazo al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para que apruebe un acuerdo de no disponibilidad presupuestaria sobre todo el presupuesto catalán, que no esté vinculado a servicios públicos fundamentales, como nóminas, sanidad, educación y servicios sociales. Si en el plazo de 48 horas no adopta ese acuerdo de no disponibilidad, será el propio ministro de Hacienda quien lo haga y el Estado asumirá el pago de las partidas que no estén vinculadas a esos servicios esenciales.
Montoro ha indicado que el Gobierno ha tomado esta decisión "ante la situación de manifiesta ilegalidad" en que está incurriendo el Ejecutivo de Carles Puigdemont. Se trata, ha dicho, de un mecanismo "de control de pagos novedoso".
El ministro ha dejado claro que este sistema de control de pagos "no afecta al ejercicio de las competencias", pero sí se garantizará que ningún pago de esa administración va a una actividad ilegal como puede ser el referéndum de independencia convocado para el 1 de octubre. Esta decisión incluye una apercibimiento al presidente de la Generalitat para que haga un acuerdo de no disponibilidad de gasto en relación con esas partidas y si no es atendido, será el ministro de Hacienda quien lo adopte.
Asimismo, Montoro ha anunciado en rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa que comparecerá la próxima semana en el Congreso para explicar esta medida.