Cataluña
La investigación, que retoma las conexiones del independentismo catalán con Rusia, se reactiva con la ley de amnistía ya en vigor, afectando también a otros altos cargos como Artur Mas.
Nuevo giro en la supuesta trama rusa en el 'procés' independentista catalán. El juez Joaquín Aguirre, responsable del caso Volhov, considera que el Tribunal Supremo debería investigar a los expresidentes de la Generalitat Carles Puigdemont y Artur Mas por delitos de alta traición y malversación.
Esta decisión llega tras la entrada en vigor de la ley de amnistía. Hace unos días, la Audiencia de Barcelona, en una resolución del 4 de junio, había prohibido al juez Aguirre seguir investigando las conexiones del independentismo con Rusia. Esta investigación ya apuntaba a Puigdemont por alta traición.
Semanas después, y con la amnistía ya en vigor, el magistrado ha abierto una nueva pieza separada enfocada nuevamente en los lazos entre el independentismo y Rusia. Además de Puigdemont y Mas, se ven implicados Elsa Artadi, exalta cargo del Govern; Francesc Dalmases, diputado de Junts; y Gonzalo Boye, abogado, entre otros.
Puigdemont y Dalmases, ambos diputados, son aforados, lo que impide al juez imputarles directamente. Por ello, Aguirre planea, una vez concluida la "parte esencial" de la instrucción, remitir el caso a un "órgano superior competente".
Para continuar la investigación, a pesar de la orden de la Audiencia de Barcelona de no seguir con la trama rusa, Aguirre ha optado por abrir una nueva pieza a partir de la única aún abierta en la macroinvestigación de Volhov, que trata del desvío de fondos a entidades afines a la antigua Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).
En este contexto, se interceptó una conversación del exsecretario de relaciones internacionales de CDC, Víctor Terradellas, mencionando la posibilidad de contar con "10.000 soldados rusos" para apoyar el independentismo y la disposición de Rusia a financiar una Cataluña independiente.
El juez sostiene que la investigación de las actividades de Terradellas ha revelado un "gran volumen" de información, confirmando la participación de más personas en la búsqueda de "ayuda financiera de China" y la colaboración con ciudadanos rusos "cercanos al Gobierno".
Aguirre responde a las críticas de la Audiencia, que señalaban la falta de progreso en la investigación, explicando que una recusación presentada por la defensa de Josep Lluís Alay, jefe de la oficina de Puigdemont, había paralizado sus diligencias. El juez defiende que, tras la resolución de la recusación, "no hay inconveniente procesal" para continuar investigando la injerencia rusa en una nueva pieza separada, siempre que haya suficiente conexión con la investigación original, algo que asegura está presente en el contenido del teléfono de Terradellas.
Aguirre también menciona resoluciones del Parlamento Europeo que instan a investigar posibles conexiones de eurodiputados con Rusia relacionadas con el secesionismo catalán, como base para continuar su investigación.
El juez concluye que los indicios obtenidos justifican sobradamente la apertura de esta nueva pieza, argumentando que Puigdemont y su entorno habrían facilitado la infiltración de personas de origen ruso en España con el objetivo de influir en las estructuras financieras y realizar actividades de desinformación, desestabilización y alteración de la paz social.
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