Amnistía
La Generalitat pide al Tribunal de Cuentas aplicar la amnistía en el caso procedimiento del 1-O
En 2023, Illa defendió que no habría amnistía, sin embargo ahora el Govern presenta un escrito para pidiendo que se aplique.
Este viernes la Generalitat de Catalunya ha presentado un escrito ante el Tribunal de Cuentas en el que pide que se aplique la Ley Orgánica de Amnistía al procedimiento relacionado con el 1-O y con la acción exterior. Además, solicita que se retiren las medidas cautelares que siguen vigentes dentro de este caso.
Según ha explicado el Govern, su comparecencia se hace como entidad del sector público que podría verse afectada por estos hecho, tal y con lo previsto en el artículo 13.3 de la Ley Orgánica de Amnistía, es decir, la Generalitat interviene solo para ejercer los derechos que le reconoce la norma en este tipo de procesos.
El escrito se ha presentado de manera anticipada, sin esperar a que el propio Tribunal de Cuentas abra un trámite de audiencia. La Generalitat considera que la ley exige una tramitación rápida y prioritaria, por lo que ha decidido dejar clara desde ahora su postura institucional.
En el documento, el Govern expresa de forma explícita que está de acuerdo con que se extingan las posibles responsabilidades contables que se estudian en este procedimiento. La Generalitat sostiene que, teniendo en cuenta la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la doctrina marcada por el Tribunal Constitucional, corresponde aplicar la amnistía y dictar una resolución favorable.
En dos meses
Además, el ejecutivo catalán defiende que las instituciones públicas deben actuar de acuerdo con el marco legal vigente y con las decisiones de los tribunales europeos y constitucionales. A su juicio, esto es necesario para garantizar la seguridad jurídica y para que las leyes se cumplan de forma efectiva.
La Generalitat también pide al Tribunal de Cuentas que resuelva esta cuestión dentro del plazo que marca la ley, que es de dos meses, y que levante las medidas cautelares acordadas en el procedimiento. Con esta iniciativa, el Govern busca hacer uso de las facultades que la ley le reconoce y contribuir al cierre definitivo de una de las últimas causas contables pendientes vinculadas al Procés.
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