Ley de Memoria Democrática
La nueva Ley de Memoria Democrática introduce el delito de apología del franquismo y establece duras sanciones a quienes exalten la dictadura. "Nos vamos a enfrentar a todos", advierte Juan Chinarro, portavoz de la Fundación Francisco Franco.
El proyecto de la nueva Ley de Memoria Democrática, aprobado el martes en el Consejo de Ministros, ha desatado las críticas en la oposición, en algunos socios del Gobierno, como ERC, que la califica de tibia, y entre fundaciones como la Francisco Franco.
La ley introduce el delito de apología del franquismo, establece duras sanciones a quienes exalten la Guerra Civil y la dictadura y extinguirá la Fundación del Valle de los Caídos. Además, establece mecanismos para cerrar la Fundación Francisco Franco. Su portavoz, Juan Chinarro, ha dicho este miércoles, en declaraciones a Antena 3 Noticias.
"Nos vamos a enfrentar a todos y todo. Si hay que pagar, se paga; y si hay que ir a la cárcel, se irá a la cárcel. Nadie nos va a quitar nuestro derecho a opinar", ha señalado Chinarro.
Homenaje a las víctimas
El Gobierno asegura que, con esta ley, que sustituye a la Ley de Memoria Histórica, "solo quiere reconocer y homenajear a las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura".
La primera iniciativa legislativa que presenta el nuevo ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, pretende situar a esas víctimas en el centro de las políticas de memoria, busca su reparación y la verdad y también equiparar la normativa española a la de otros países europeos que también sufrieron dictaduras, como Alemania.
Falta que el Gobierno recabe los apoyos parlamentarios para sacarla adelante, de momento con algunas críticas desde la izquierda por verla "insuficiente" y sin las fuerzas de la derecha, ya que el PP ha anunciado que la derogará cuando gobierne yVox anticipa recurso al Tribunal Constitucional.
"Nadie puede estar en contra"
Pese a ello, Bolaños ha aseverado al presentar el resultado de diez meses de retoques sobre el anteproyecto de septiembre de 2020, que "nadie puede estar en contra" del homenaje que supone a las víctimas del franquismo y a que los familiares recuperen por fin los restos de su allegados desaparecidos.
Así, el "deber de memoria" figura en el frontispicio de la nueva legislación, con el fin último de "no repetir" los hechos que dieron lugar a la contienda civil y la posterior dictadura, al igual que un amplio catálogo de medidas sustentadas en los principios genéricos de "verdad, justicia y reparación" de las políticas de memoria.