Cataluña
Las cantidades que reclama la Fiscalía en su escrito de conclusiones son 883.695,29 euros por los gastos de referéndum y 2.209.503,8 euros por la acción exterior durante el 'procés'.
La Fiscalía del Tribunal de Cuentas mantiene su petición de 3,1 millones de euros de forma conjunta y solidaria al expresidente catalán Carles Puigdemont, así como a otros 34 excargos de la Generalitat de Cataluña debido a su presunta responsabilidad contable por el supuesto desvío de fondos para el referéndum ilegal del 1-O y la acción exterior del Govern, tal y como confirman fuentes fiscales a Europa Press.
De esta forma se ha pronunciado el fiscal Manuel Martín-Granizo en un escrito de conclusiones, al que ha accedido Europa Press, después de que la consejera del Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento, Elena Hernáez, proporcionara un plazo de 10 días para presentar su postura. Para el representante del Ministerio Público, "el menoscabo es real y efectivo" y "se encuentra plenamente individualizado, con identificación de cada uno de los actos que dieron lugar al perjuicio". También defiende que está "acreditado" que "fueron los actos desplegados por los demandados los que dieron lugar a la producción del perjuicio (...) sin que exista ninguna duda acerca de que los daños resultan objetivamente imputables a su conducta".
De esta manera, la Fiscalía considera oportuno mantener su reclamación de 3,1 millones de euros: 883.695 euros por los gastos de referéndum y 2.209.503 euros por los gastos de acción exterior.
Este importe se reclama de manera conjunta y solidaria a los 35 encausados tras rebajar las estimaciones iniciales del propio Tribunal de Cuentas. El fiscal sostiene en su escrito que las actividades que se incluyen en la demanda "no se encuentran en el ámbito competencial de la comunidad autónoma" y evidencian "un gran número de actuaciones irregulares". Tal y como precisa, ya sea porque no tienen "encaje en el seno de las competencias autonómicas de acción exterior por su directa vinculación con la expansión y difusión internacional del proceso de transición y del derecho a la autodeterminación", o por "la falta de justificación de determinados gastos analizados".
Martín-Granizo considera que, en el caso de los gastos de la acción exterior, la responsabilidad contable de Puigdemont "deriva precisamente de su participación y dirección de todos los proyectos, estrategias y procedimientos necesarios para desarrollar relaciones y actividades en el ámbito internacional, excediendo los límites de la promoción en el exterior de los intereses del conjunto de Cataluña" que permite la ley.
Sobre los gastos del 1-O, el fiscal entiende que "aunque Puigdemont no interviniera en las siguientes fases de la tramitación presupuestaria, le resulta atribuible la presunta responsabilidad contable derivada de ser la autoridad que aprobó la totalidad de los gastos inherentes a la consulta".
Además del nombre de Puigdemont, hay otros 34, entre ellos se encuentran el del expresidente catalán Artur Mas, que ya fue condenado por el Tribunal de Cuentas a devolver a la Generalitat algo más de 4,9 millones de euros y más de un millón de euros en concepto de intereses, por la organización de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014. Pero también figuran exconsejeros condenados por el Supremo, como Raül Romeva y Jordi Turull; exconsejeros como Toni Comín y Lluís Puig; exdelegados de la Generalitat en el extranjero, como los de Estados Unidos, Francia, Italia y Portugal y delegados en el exterior que están aún en el cargo, como Marie Katinka y Eric Hauck.
Además, hay encausadas nueve personas que fueron procesadas por el Juzgado de Instrucción Número 13 de Barcelona en la causa abierta por los preparativos del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, entre las que destacan el exsecretario general de la Presidencia del Govern, Joaquim Nimm, el exsecretario de difusión de Presidencia Antoni Molons, el exsecretario general de Trabajo, Josep Ginesta, y el exdirector del Diplocat. Albert Royo.
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