'Procés'
Los fiscales del 'procés' han tomado esta decisión después de que, el pasado 5 de julio, el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) retirase la inmunidad de la que disponían.
Este lunes, la Fiscalía ha pedido al instructor del 'procés', el juez Pablo Llarena, que vuelva a activar las euroórdenes contra el que fuera presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y su exconsejero Toni Comín para que sean llevados de Bélgica a España. De esta manera, se busca reanudar el procedimiento legal al que se enfrentan tras el referéndum ilegal en la comunidad catalana del 1 de octubre de 2017.
Los fiscales del 'procés' han tomado esta decisión después de que, el pasado 5 de julio, el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) retirase la inmunidad de la que disponían. Desde aquel momento, el Tribunal Supremo (TS) tenía la potestad para volver a dar luz verde a las euroórdenes.
Además de las propias euroórdenes, la Fiscalía ha demandado que se lance una orden de busca y captura internacional contra Puigdemont y Comín de cara a llevar a cabo una posible solicitud de extradición. Textualmente, solicitan que "se acuerde por el instructor la busca y captura e ingreso en prisión de Carles Puigdemont y que se emita orden de busca y captura internacional por si fuera necesario tramitar solicitud de extradición, así como orden europea de detención y entrega respecto de los procesados Carles Puigdemont y Antoni Comín".
Los fiscales Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Jaime Moreno y Consuelo Madrigal, en su escrito trasladado a Llarena, consideran que, "teniendo en cuenta su situación personal (huido de la justicia y en rebeldía) resulta procedente emitir nuevamente órdenes de detención internacionales y europeas respecto a ambos procesados por los delitos especificados en el auto de 12 de enero de 2023".
La Fiscalía asegura que, aunque el expresidente de la Generalitat ya ha confirmado que apelará la sentencia del TGUE ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en ningún caso se podrá devolver la inmunidad. De la misma manera, ha recordado que la malversación está penada por el artículo 432 del Código Penal y las penas oscilan "entre los 6 y 12 años de cárcel".
Hay que tener en cuenta que, tal y como afirman fuentes jurídicas, esta resolución del TGUE no conlleva una entrega inmediata de Puigdemont y Comín. A pesar de que sí que ayuda a ello, la sentencia no es firme y es previsible que la defensa pida, como medida cautelar, la devolución de la inmunidad hasta que se resuelva la cuestión.
Asimismo, una vez reactivadas las euroórdenes, compete a la Justicia belga el llevar a cabo la detención y entrega del expresidente y exconsejero. De la misma manera, desde el Supremo consideran posible que aleguen "razones banales" con tal de no entregarlos a España, lo cual llevaría al magistrado Llarena a barajar una nueva cuestión prejudicial, dilatándose el caso en el tiempo.