Laura Borràs
La Fiscalía ha pedido 6 años de cárcel, 21 años de inhabilitación y una multa de más de 144.000 euros a Laura Borràs por los delitos de prevaricación administrativa y falsedad documental por fraccionar contratos cuando dirigía la la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). No obstante, ella insiste en que es inocente y no piensa dimitir, a pesar de que según los reglamentos de la Cámara catalana debería hacerlo.
Adjudicaciones a dedo
El fallo, presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), ha considerado probada la adjudicación ilícita, y sin concurso público, de hasta 18 contratos menores entre marzo de 2013 y febrero de 2017 a un amigo de la política de Junts per Catalunya.
La presidenta del Parlamento catalán había dejado claro en varias ocasiones que a pesar de su imputación no pensaba dimitir ni apartarse de la primera línea política "por ser inocente": "No tengo ninguna intención de dar el paso al lado que me exigen con poca capacidad de disimulo los que me quieren apartar de la vida pública y política. No pretendo ser absuelta por ser independentista, eso si sería desprestigiar el movimiento. Lo que censuro es que se quiera aprovechar la autoritaria actividad de la justicia española como excusa para apartarme políticamente", dijo hace unos días.
Más presión para Borràs
Recientemente, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, separó la causa abierta contra Borràs del proceso judicial sobre la consulta de independencia del 1-O por ser "muy diferentes": "Independientemente de si es cierto que ocurrieron estos hechos o no, la cuestión es que los delitos que forman parte de esta instrucción son los que son", advirtió el dirigente.
En la misma línea Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, recalcó que "un fraccionamiento de una serie de contratos por un amigo, que de hecho ha resultado ser un narcotraficante" no tenía "nada que ver con el independentismo".
Estas declaraciones se suman a las que hizo hace unos días el presidente del Partido Popular catalán, Alejandro Fernández, que exigió al president Aragonès la inhabilitación inmediata de Borràs: "El reglamento del Parlament es absolutamente concluyente, en el momento que se abre juicio oral, por delitos de corrupción, el diputado o diputada queda inmediatamente inhabilitado. Estamos hablando del prestigio y la dignidad del Parlament y del respeto y cumplimiento del reglamento", matizó el 'popular'.