La Fiscalía pide al Tribunal Constitucional anular la condena del ex fiscal general Álvaro García Ortiz

El pasado mes noviembre el que fuera fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, fue condenado a dos años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros y que indemnice a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, en concepto de daños morales por revelación de secretos.

Al poco tiempo, la Fiscalía solicitó la anulación de su condena al Tribunal Supremo que rechazó en febrero al descartar una vulnerabilidad de derechos fundamentales durante el proceso, por lo que rechazó el argumento de que el condenado desconociera la acusación. El siguiente paso era acudir al Tribunal Constitucional por presunta vulneración de derechos fundamentales.

El Ministerio Público lo ha hecho este viernes, y ha vuelto a pedir la anulación de la sentencia del Supremo, que consideró que había cometido un delito de revelación de secretos en relación con la filtración de datos de la causa seguida por supuesto delito fiscal contra el empresario, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Ha presentado un recurso de amparo al Constitucional en el que considera que el alto tribunal ha vulnerado cinco derechos fundamentales de García Ortiz, como presunción de inocencia o el de un proceso con todas las garantías, han señalado en una nota de prensa, añadiendo la vulneración a conocer la acusación y defenderse de ella, y a la legalidad penal.

La Fiscalía reprocha al Supremo haber escogido la interpretación "más desfavorable" para la condena del ex fiscal general del Estado. Así mismo carga de nuevo contra el registro que ordenó el juez Ángel Hurtado a su despacho, una "indiscriminada medida de injerencia" que "no estaba justificada" y en la que se basa "uno de los indicios que sustentan la condena", en referencia al borrado de las conversaciones de García Ortiz.

Denuncian "una imputación novedosa"

Además, señala que el Supremo no tuvo en cuenta el "valor exculpatorio" de "contundentes testimonios" de periodistas en favor del ex fiscal, un recurso donde estos se negaron conocer el correo que habría enviado García Ortiz. Critica su "giro argumental sorpresivo" por su condena, alegando que al principio lo "descartó expresamente" la publicación de la mencionada nota de prensa, y después la incluyó en el castigo.

Por lo que, denuncian que lo ocurrido fue "una imputación novedosa de la que el acusado no ha podido ni tenía por qué defenderse". Y cuestionan la interpretación del delito "que se comete incluso si los datos afectados son de conocimiento público", contrario a la jurisprudencia del Supremo, "que es rectificada de forma sorpresiva e imprevisible".

Una interpretación que conduce "a resultados axiológicamente incompatibles con el papel preponderante que tiene en nuestro Estado democrático el derecho de los ciudadanos a dar y recibir información veraz", según el Ministerio Público.

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