EspañaMadridBarcelona

ALCALDE

Fiscalía pide tres años de cárcel para el exalcalde de Compromís en Agres por seguir cobrando sueldo sin corresponderle

La Fiscalía solicita tres años de cárcel y doce de inhabilitación para el exalcalde por seguir cobrando su sueldo cuando ya no le correspondía.

Fachada de la Audiencia Provincial de Alicante, a 26 de marzo de 2026, en Alicante, Comunidad ValencianaEuropa Press

El exalcalde de Agres, Josep Manel Francés, será juzgado este lunes acusado de haber seguido cobrando su sueldo como regidor durante varios meses cuando ya no le correspondía. La Fiscalía solicita para él tres años de prisión y doce de inhabilitación para empleo o cargo público por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el juicio tendrá lugar en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante a partir de las 10:00 horas.

Los hechos se remontan a agosto de 2019, cuando el pleno municipal acordó que el entonces alcalde, perteneciente a la coalición Junts per Agres-Compromís, percibiera retribuciones durante un año, es decir, hasta julio de 2020. Sin embargo, una vez superado ese plazo, Francés habría continuado cobrando su salario hasta enero de 2021 sin convocar un nuevo pleno que decidiera sobre la posible prórroga o suspensión de dichas retribuciones.

De acuerdo con el Ministerio Público, el exalcalde dictó resoluciones para autorizar esos pagos pese a los reparos formulados por la secretaria interventora municipal. Esta actuación habría generado un perjuicio económico para las arcas municipales cifrado en 4.054 euros.

Moción de censura y final del mandato

La situación se prolongó hasta enero de 2021, cuando Francés fue desalojado de la alcaldía mediante una moción de censura. Esta fue impulsada por el Partido Popular y el concejal no adscrito Rafael Sanjuan, exmiembro del PSPV-PSOE, quien pasó a ocupar la alcaldía.

La Fiscalía sostiene que la conducta del acusado podría encajar en los delitos de prevaricación administrativa —por dictar resoluciones presuntamente injustas a sabiendas— y malversación, al haber autorizado pagos indebidos con fondos públicos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.