Posible delito de revelación de secretos
La juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que investiga al Govern por el referéndum ha ordenado a la Guardia Civil el cierre de la web con los puntos de votación del 1 de octubre que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, difundió este jueves por Twitter. En un auto, la magistrada Mercedes Armas ordena a la policía judicial inhabilitar dicha web, dado que considera que no solo "no acata la suspensiones" del referéndum dictadas por el Constitucional, sino que además "facilita información que permite la celebración del referéndum".
La juez recuerda en su auto que el pasado 13 de septiembre ella misma acordó como medidas cautelares el cierre de dos webs relativas a la organización del referéndum que "a todas luces soslayaban los mandatos del Tribunal Constitucional", dado que informaban de la ley de la consulta y abrían un registro para recabar voluntarios. Pese a ello, razona la juez, Puigdemont hizo pública una nueva página web que explica cómo y dónde votar y que facilita la ubicación de la mesa electoral, cuando el usuario introduce su fecha de nacimiento o código postal.
"Asistimos, pues, como ya ocurrió en las páginas webs anteriores, a una clara desatención de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional en orden de impedir o abstenerse de llevar a cabo actos tendentes a la celebración del referéndum (...)", sostiene la juez. Por ese motivo, la magistrada del TSJC concluye que "no puede dudarse que la información que contiene esta nueva página web onvotar.garantiespelreferendum.cat no constituye sino un acto más que pretende facilitar la preparación o celebración del referéndum".
La juez del TSJC, que ha acordado estas actuaciones de oficio tras saber de la existencia de la nueva web por los medios de comunicación, ordena también a la Guardia Civil llevar a cabo "la interrupción cautelar del servicio y el bloqueo técnico correspondiente a la página mencionada". Las diligencias las ha acordado la juez en el marco de la causa que tiene abierta contra Puigdemont y el resto de miembros del gobierno catalán por los delitos de malversación, prevaricación y desobediencia, al convocar el referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional.