Fiscal
La revisión se produce tras una denuncia presentada por Iustitia Europa y se centrará en determinar si existieron influencias en el archivo inicial de la investigación sobre el rescate a la aerolínea.
La Fiscalía General del Estado ha puesto en marcha un expediente gubernativo para analizar la actuación de varias fiscales relacionadas con el caso Plus Ultra. La decisión llega después de una denuncia presentada por el partido Iustitia Europa, personado en la causa que investiga la Audiencia Nacional sobre el rescate público concedido a la aerolínea en 2021.
La iniciativa parte de la Fiscalía Superior de Madrid, que ya había abierto diligencias internas sobre dos representantes del Ministerio Fiscal vinculadas al procedimiento. Se trata de María Luisa Llop, que participó en la decisión de archivar inicialmente la causa, y Pilar Rodríguez, que entonces ocupaba la jefatura de la Fiscalía de Madrid.
La denuncia pone el foco en varias comunicaciones incorporadas a la investigación judicial. Entre ellas figuran expresiones como "la fiscal jefa es amiga" o "hay que cortar esto", mensajes que aparecen vinculados al contexto de las pesquisas sobre la ayuda pública de 53 millones de euros concedida a Plus Ultra.
A partir de estos elementos, los órganos de control internos de la Fiscalía deberán determinar si la actuación desarrollada durante aquellos procedimientos respondió exclusivamente a criterios jurídicos o si pudo verse condicionada por factores externos.
Desde Iustitia Europa consideran que la apertura del expediente supone un paso relevante dentro de la investigación. Su presidente, Luis María Pardo, sostiene que "cuando en una causa de 53 millones de euros públicos aparece una frase como 'la fiscal jefa es amiga' y se habla de 'cortar' una investigación, no cabe mirar hacia otro lado".
La causa judicial analiza las circunstancias en las que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) concedió a Plus Ultra una ayuda de 53 millones de euros en marzo de 2021.
Según las investigaciones, una de las cuestiones que se examinan es si la compañía cumplía los requisitos exigidos para acceder a esas ayudas extraordinarias. Entre ellos figuraba acreditar que las dificultades económicas derivaban de la pandemia y no de problemas financieros anteriores.
Iustitia Europa reclama ahora que el expediente se tramite "con máxima transparencia, rigor y celeridad" para esclarecer si las decisiones adoptadas por el Ministerio Fiscal en este procedimiento se ajustaron exclusivamente a la legalidad o si existió algún tipo de interferencia incompatible con la imparcialidad exigida a la institución.
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