NINGUNO DE LOS TRES HA SIDO INTERROGADO
La Fiscalía de Bruselas ha confirmado este lunes que ha contactado con los abogados los exconsejeros de la Generalitat Meritxell Serret, Toni Comín y Lluís Puig, a los que todavía no ha citado para tomar declaración y sobre los que cree que no existe riesgo de fuga.
"La Fiscalía de Bruselas puede confirmar el contacto con los abogados de Serret, Comín y Puig", ha afirmado el Ministerio Público de la capital belga en un comunicado, en el que ha explicado que los tres están dispuestos a colaborar con la Justicia belga.
Por esta razón, y por el hecho de que "no existe un riesgo manifiesto de fuga", la Fiscalía de Bruselas ha señalado que no les busca "activamente". Además, las autoridades belgas apuntan que se trata de un nuevo procedimiento y no de una continuación del de noviembre, que se inició cuando se emitieron las primeras órdenes de arresto.
El comunicado destaca también que ninguno de los tres exconsejeros huidos ha sido interrogado ni remitido a un juez de instrucción, algo que podría suceder "en un futuro cercano" que no ha entrado a "anticipar" en el texto.
Por otra parte, la Fiscalía de Bruselas ha pedido información adicional a las autoridades judiciales españolas sobre el caso, aunque tampoco ha querido explicar qué datos se han solicitado ni ha dado más detalles sobre los pasos a seguir a partir de ahora.
La Fiscalía de Bruselas recibió el pasado sábado la notificación de la reactivación de las órdenes de detención contra Comín, Serret y Puig por parte del magistrado del Tribunal Supremo que investiga los hechos relacionados con el 'procés', Pablo Llarena.
Sin embargo, entre los exconsejeros que siguen en Bélgica, Comín es el único al que Llarena ha procesado por un delito de rebelión, al que se suma el de malversación de caudales públicos. Serret y Puig, por su parte, han sido procesados por el magristrado por delitos de desobediencia y malversación.
Si la Justicia belga siguiera las mismas etapas tras la reactivación de las euroórdenes, se designaría un juez de instrucción que se encargaría de decidir en un plazo de 24 horas si la orden de detención es conforme a la ley, si procede dictar prisión o si hay alguna causa de rechazo de la misma. Si el juez no dicta presión, podría tomar medidas cautelares para evitar la fuga de las personas implicadas.
Dado que se espera que las defensas de los exconsejeros no aceptarán la extradición ante el juez de instrucción, el proceso pasará a la Cámara del Consejo (tribunal de primera instancia), donde el juez tendrá un plazo de 15 días para determinar si la orden es ejecutable o no. En caso de que fuera recurrida, las partes podrían acudir primero al Tribunal de Apelación y posteriormente al Tribunal de Casación. En los dos casos, la sala tiene 24 horas para decidir si admite a trámite el recurso y otros 15 días par tomar una decisión y concluir si la orden de extradición puede ser ejecutada o no.
La legislación comunitaria sobre las euroórdenes prevé que la extradición de un ciudadano reclamado por otro Estado miembro se resuelva en 10 días si el afectado acepta la orden. No obstante, los plazos se alargan hasta los 60 días si las personas requeridas se niegan a la extradición. Este tiempo puede alargarse otros 30 días en casos excepcionales.