A LA ESPERA DE LA DECISIÓN DEL JUEZ
La Fiscalía de Bruselas pidió al juez belga la ejecución de las euroórdenes emitidas por España contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros, informó uno de sus abogados, Christophe Marchand. El juez de primera instancia que examina el caso ha citado nuevamente a las partes para que hagan sus alegatos el próximo 4 de diciembre, momento a partir del cual se espera una decisión entre ocho y diez días después, apuntó el entorno de Puigdemont.
El Ministerio público, que reveló su estrategia en la vista a puerta cerrada a la que los antiguos miembros del Gobierno catalán fueron citados a declarar, pidió la ejecución de los mandatos de entrega a España pero no por el cargo de prevaricación. En ese contexto, la Fiscalía no apreció "corrupción", sino "conspiración" y "malversación" por parte de funcionarios públicos, según Marchand.
Por su parte, otro abogado defensor, Jaume Alonso Cuevillas, dijo que la Fiscalía no retiene el delito de "corrupción", extremo que no confirmó la Fiscalía en una rueda de prensa en la que se limitó a leer en cuatro lenguas un comunicado. En la nota, indicó que no emitirá ninguna comunicación hasta después de esa audiencia del 4 de diciembre, teniendo en cuenta que la ley prevé que tenga lugar a puerta cerrada y para no interferir en el "desarrollo sereno de los debates" ni "hipotecar de ninguna forma el procedimiento pendiente".
"La Fiscalía no dará ninguna explicación, ni comentario, sobre el punto de vista de las partes o del desarrollo concreto de la audiencia", apuntó. "No vamos a comentar ni nuestra posición ni lo que han dicho los abogados", enfatizó una portavoz del Ministerio público.
Puigdemont y sus exconsejeros autonómicos Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura) están inculpados por rebelión, sedición, desobediencia a la autoridad, prevaricación y malversación de fondos públicos. Los abogados de los acusados podrán responder por escrito antes de la cita del 4 de diciembre, según la cadena pública RTBF. La decisión de la Cámara del Consejo de Bruselas (tribunal de primera instancia) podrá ser recurrida por los acusados.