Corrupción
La Fiscalía Provincial de Barcelona ha aceptado la denuncia interpuesta por el grupo de letrados Abogados Catalanes por la Constitución y ha iniciado una investigación contra Ada Colau, alcaldesa de la ciudad, y varios miembros de su Gobierno por la supuesta subvención irregular, entre 2014 y 2020, de cinco asociaciones.
Colau entregó 3.433.621,31 euros a la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), el Observatorio de Derechos Sociales y Culturales (DESC), la Asociación Catalana de Ingenieros sin Fronteras (ESF), Justicia y Paz y la Fundación Pi i Sunyer. La denuncia de los abogados asegura que la alcaldesa concedió ese dinero sirviéndose de la vía de la subvención para evitar el concurso público.
Colau, en nómina
Ocurre además que, en 2015, Colau estuvo en nómina en una de esas asociaciones, el Observatorio DESC, como coordinadora en materia de vivienda. La denuncia también señala a las exconcejalas Gala Pin y Laia Ortiz, entre otros miembros del consistorio municipal.
Según los denunciantes, se atribuye, tanto a Colau como a algunos miembros de su Gobierno, posibles delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y fraude en la contratación.
Subvenciones "a dedo"
Abogados Catalanes por la Constitución asegura que se trata de subvenciones "a dedo" que en su día fueron tachadas de "extraordinarias" por la propia Colau.
"Para recibir fondos públicos a través de subvenciones debe acreditarse circunstancias excepcionales o dificultades para una convocatoria pública", argumentan.
Aseguran, además, que el Observatorio DESC también trabaja en Perú, Mozambique o Israel, lo que "plantea serias dudas sobre el cumplimiento de unos fines de interés público".
Los denunciantes, por último, consideran que el Ejecutivo de Colau "optó por nutrir al DESC mediante subvenciones para evitar los controles propios de un concurso público".
La respuesta de la alcaldesa
La alcaldesa de Barcelona, por su parte, ha asegurado esta mañana en una entrevista en RAC1 que "no hay causa" y que colaborará con la justicia en el caso de que se la requiera, al tiempo que aseguraba que las subvenciones fueron concedidas respetando "la legalidad".