Caso mascarillas
Anticorrupción les acusa de estafa agravada y falsedad en documento mercantil y añade que la intención de ambos era la de "enriquecerse exageradamente"
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado 15 años de cárcel para Alberto Luceño y 9 años y 10 meses para Luis Medina por el conocido 'caso mascarillas'.
El fiscal del caso, Luis Rodríguez Sol, ha considerado a Luceño responsable de los delitos de estafa agravada, falsedad en documento mercantil, falsedad en documento oficial y un delito contra la Hacienda Pública. Mientras que a Medina le atribuye estafa agravada y falsedad en documento mercantil.
Anticorrupción también ha detallado que los 6,24 euros que el consistorio madrileño pagó por cada mascarilla del millón que adquirió de los comisionistas "fue, con gran diferencia, el precio más alto que un ayuntamiento español de más de 300.000 habitantes pagó por este tipo de producto".
La misma situación pasó con los test Covid, que llegaron a costar 16,03 euros por unidad, "con gran diferencia, el más alto que pagó un ayuntamiento español de cualquier gran ciudad", ha remarcado la Fiscalía.
"La intención de ambos acusados fue la de enriquecerse exageradamente a costa de la citada situación de extrema necesidad y carencia de materiales sanitarios, vendiendo los productos por un precio muy superior al que les era ofrecido por los suministradores, y ello como consecuencia de la imposición de unas comisiones desorbitadas que mantuvieron ocultas en todo momento al comprador, al que convencieron de que actuaban movidos por razones altruistas, sin obtener ningún beneficio de la operación", se puede leer en el escrito del fiscal.
Luceño recurrió a Medina
Según Anticorrupción fue Luceño quien recurrió al hijo de Naty Abascal, aprovechando que "es una persona conocida en la vida social española", con la intención de que "buscara y le facilitara el contacto con posibles instituciones interesadas en la adquisición de ese material".
"Con la anterior información, y a través de una amiga común, Luis Medina consiguió contactar con un familiar del alcalde de Madrid, que le proporcionó una dirección de la Coordinación General de la Alcaldía de Madrid a la que podía dirigir su oferta", ha detallado el organismo.
Además, tal y como ha explicado la Fiscalía, para conseguir cerrar la operación Luceño se presentó como "experto en importación de productos procedentes del mercado asiático, con fábricas en China a su disposición", aunque en realidad, "ni tenía experiencia significativa en negocios de importación, ni disponía de fábricas en China, del mismo modo que no actuaba movido por ninguna intención altruista".