JUICIO POR LA MEMORIA HISTÓRICA
Representantes de las asociaciones de Memoria Histórica de Aragón y Mallorca han testificado este jueves en la cuarta sesión del juicio que se celebra en el Tribunal Supremo contra Baltasar Garzón por investigar el franquismo careciendo de competencia para ello.
Ambas, nietas de represaliados, han defendido la investigación penal del juez sobre los hechos por ser la "única opción" para obtener "justicia y reparación" y por estar dirigida a la aclaración de crímenes de lesa humanidad, que no prescriben.
La primera en declarar fue Josefina Musulén, representante de la Asociación de Memoria Histórica de Aragón, que fue una de las primeras asociaciones que presentaron denuncia ante la Audiencia Nacional en diciembre de 2006.
Ha explicado que esta es la primera denuncia que presentaron por los hechos, y que si no lo hicieron antes es porque las asociaciones de memoria histórica no nacieron hasta entrados los años 2000, ya que fue la generación de "los nietos" la que comenzó a moverse para obtener "justicia y reparación" para sus abuelos y sus padres.
"Presentamos una denuncia penal porque era la única opción para que los hechos se investigaran", ha explicado ante los siete magistrados que conforman la Sala.
Sobre su caso personal, Musulén ha recordado que el 13 de agosto de 1936 un falangista se llevó de su casa en un pueblo de Aragón a su abuelo, que era de la CNT, y a su abuela, que se encontraba en avanzado estado de gestación. Más tarde, su tío fue a preguntar por su hermana al cuartel, ya que se decía que a las embarazadas no las fusilaban, pero le dijeron que "en el tiro de gracia le habían reventado la tripa".
Mas tarde, una vez muerto Franco, la familia de Musulén se enteró por otras personas que vivieron los hechos que su abuela había dado a luz una niña sana. "Mi padre se enteró de que había tenido una hermana y llevamos 33 años buscándola -ha afirmado ante el tribunal-. No hay piedra en Zaragoza que haya podido ser levantada para encontrar un dato que no hayamos levantado".
La segunda testigo que compareció este jueves en la vista, que apenas llegó a la media hora de duración en total, fue la representante de la Asociación Memoria de Mallorca María Antonia Oliver, quien también firmó una de las denuncias que llegaron en diciembre de 2006 a la Audiencia Nacional junto con otra miembro de la asociación que es profesora de Derecho en la Universidad de la Isla.
En su denuncia, acompañada de un informe histórico sobre la represión sobre civiles en la isla tras el golpe de Estado de 1936, esta asociación aportó una relación de victimas, que según sus investigaciones llegaron a los 1.600 ejecutados. Oliver ha defendido que en Mallorca "no hubo conflicto armado" porque el control de los sublevados fue absoluto desde el primer momento", y ha estimado en 50 las fosas localizadas en la isla.
"Soy nieta de una persona desaparecida.", ha afirmado Oliver, para iniciar el relato de la desaparición de su abuelo y el hermano de éste tras permanecer seis meses en prisión. En la primavera de 1937 informaron a las familias de que habían sido puestos en libertad, pero todos sabían que fueron víctimas de una "saca".
"Mi abuela murió y cerro sus heridas con la muerte, quiero que mi madre, que tiene 87 años, las cierre antes de morir con la verdad y la reparación", ha afirmado esta testigo, tras señalar que cuando sus familiares iban a preguntar por el paradero de su abuelo las autoridades les decía que "los rojos son unos cobardes " y seguramente habrían huido de la isla o "abandonado por otra mujer".
La asociación de Memoria de Mallorca se constituyó en 2006, y según Oliver fue a partir de entonces cuando comenzaron a trabajar con juristas e historiadores "y a pensar que teníamos el deber de denunciar". Ha explicado que presentaron la denuncia en la Audiencia nacional "porque nos llenó de esperanza que ya se estaban investigando crímenes similares contra la humanidad, los de Argentina y Chile".
El juicio contra Garzón, que se enfrenta a una pena de inhabilitación de 20 años por un delito de prevaricación que solicita para él la acusación popular, que ejerce el sindicato de funcionarios Manos Limpias, proseguirá el próximo lunes con la comparecencia de más representantes de asociaciones de memoria.