RELACIONADOS EN LAS TARJETAS OPACAS DE CAJA MADRID
La Presidencia Federal de Izquierda Unida ha acordado la expulsión de sus portavoces en la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital, Gregorio Gordo y Angel Pérez, por "falta grave", según han informado fuentes de la organización, por no dimitir de sus cargos como le ha pedido reiteradamente la dirección federal, que los considera responsables políticos del escándalo de Caja Madrid y de las 'tarjetas opacas' al no actuar ante la gestión poco ética de los consejeros nombrados a propuesta de la federación en la entidad.
Ni Pérez ni Gordo han acudido a la reunión de la Presidencia Federal. Hacerlo avalaría el "antiestatutario comportamiento" que están teniendo con ellos, como expuso el portavoz de IU en el Ayuntamiento en un escrito remitido al coordinador general de IU, Cayo Lara, y al coordinador de la Presidencia de IU Federal, José Luis Centella.
Angel Pérez defiende, al igual que Gordo, que quienes "únicamente están capacitados" para enjuiciar su labor como cargos públicos "son los militantes de IUCM, a través de su Presidencia, y en su caso el Consejo Político". A ello se une "como órgano garante del cumplimiento estatutario la Comisión de Garantías de IUCM".
Precisamente, a primeros de febrero Angel Pérez consiguió el respaldo de la Comisión Regional de Arbitraje, Control y Garantías Democráticas (CRACyGD) de IUCM --después de pedir amparo a raíz del caso de las tarjetas black de Caja Madrid-- por medio de una resolución que establece que deberían quedar sin efecto las acciones que no salgan directamente de la Presidencia regional, "evitando así en lo posible el acoso y vulneración de los derechos del afiliado".
Ambos portavoces irán a los tribunales
Gregorio Gordo y Ángel Pérez han considerado ilegal e ilegítima la decisión de la Presidencia Federal de expulsarlos del partido, resolución que llevarán a los tribunales por considerarla una vulneración de derechos fundamentales. Tras conocerse la decisión del partido, fuentes de IU cercanas a los portavoces han indicado que la decisión de la Presidencia Federal es ilegal porque los portavoces "ni tan siquiera han sido llamados a declarar". Además, estas fuentes han indicado que en la reunión no existía el quórum suficiente de asistentes, al no haber participado en ella el 50 % de los miembros de la Presidencia.