Fraude a Hacienda
Raúl y Alejo Morodo aceptan penas de 8 y 24 meses de cárcel respectivamente, con lo que podrán evitar entrar en prisión al no superar los dos años.
Tras 5 años de investigación desde que fue detenido en 2019, el exembajador de España en Caracas, Raúl Morodo, así como su hijo, Alejo Morodo, han aceptado hoy sendas penas de 8 y 24 meses de cárcel, respectivamente, por delito a la Hacienda Pública.
Ocurría durante la primera jornada del juicio celebrado hoy en la Audiencia Nacional contra ambos. La tercera procesada, la esposa de Alejo, Ana Caterina Varandas, no ha reconocido los hechos y, por tanto, ha descartado de plano alcanzar ningún acuerdo con Fiscalía. Por ello, mañana el juicio continuará solo contra ella. Tanto el Ministerio Público como la acusación popular, ejercida por Manos Limpias, piden 12 años y 6 meses de prisión para ella.
Los hechos que se juzgan tuvieron lugar a partir de 2007, después de que Raúl Morodo estuviese destinado en Caracas como Embajador de España durante el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Fue entonces cuando su hijo Alejo, según el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción, se valió de las "relaciones entabladas por su padre con altos cargos de Venezuela", para iniciar así una relación contractual con la empresa pública de Venezuela PDVSA "para la prestación de servicios de asesoría legal y consultoría internacional".
Este trabajo se desarrolló hasta el año 2014. Fueron un total de 7 años durante los que "con el fin de defraudar a la Hacienda Pública española", se valió de tres sociedades instrumentales para tributar a través del Impuesto de Sociedades en lugar de hacerlo por el IRPF, como le correspondería. Todo esto lo hizo, siempre según el Ministerio Público, con la participación de su padre y de su esposa.
Durante estos 7 años, Alejo Morodo habría ganado un total de 6,6 millones de euros.
Durante esta primera sesión del juicio, ninguno de los tres acusados ha querido hacer declaraciones a los medios de comunicación que esperaban su llegada a la Audiencia Nacional. Ante el magistrado Alfonso Guevara, los Morodo se han limitado a reconocer los hechos y aceptar el acuerdo con Fiscalía.
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