ANDALUCÍA | COMISIÓN DE LOS ERE
El exdirector general de Trabajo de la Junta ha sido el plato fuerte del día en la Comisión que investiga los "presuntos falsos ERE en Andalucía". Ha leído un escrito y, [[LINK:INTERNO|||20120821-NEW-00009-false|||como los cuatro imputados anteriores]], se ha acogido a su derecho a no contestar a las preguntas. Sólo ha hecho una excepción a una interpelación de IU sobre "su lujoso tren de vida".
El ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, ha sostenido, ante los miembros de la 20120311-NEW-00031-false|||desde el pasado día 10 de marzo, cuando la juez Mercedes Alaya le imputó 617 ayudas sociolaborales y 270 ayudas directas a empresas otorgadas fraudulentamente.
Director general entre 1999 y 2008, en su declaración judicial Guerrero implicó como conocedores del sistema y destino de las ayudas investigadas al expresidente andaluz Manuel Chaves, al actual titular José Antonio Griñán e incluso a la entonces portavoz de la Junta, Mar Moreno, y señaló como artífice del sistema al exconsejero de Empleo José Antonio Viera, actual diputado del PSOE en el Congreso.
El exdelegado de Empleo proclama su "absoluta inocencia"
Por la mañana, el exdelegado de Empleo de la Junta en Sevilla Antonio Rivas se ha acogido a su derecho a no declarar en la comisión de investigación creada en el Parlamento sobre el caso de las irregularidades en los expedientes de regulación empleo (ERE), tramitadas por la Administración andaluza, si bien ha proclamado "su absoluta inocencia" y ha querido dejar claro que no ha tenido conocimiento "de ningún tipo de ilegalidad" en la tramitación de ningún expediente.
Así se ha pronunciado Rivas, quien ha abierto el turno de comparecencias en la segunda jornada de la comisión de investigación creada en el Parlamento, después de que el exalcalde de Cazalla de la Sierra (Sevilla) Angel Rodríguez de la Borbolla, no haya acudido este miércoles a la misma, al no haber recibido la notificación.
Rivas, imputado por las presuntas comisiones ilegales en Mercasevilla y también en el caso de los ERE por avalar presuntamente la entrada de intrusos en algunos expedientes, como el caso de la empresa Calderinox, ha indicado que no tenía competencias en las pólizas de prejubilación, ayudas sociolaborales o ayudas a empresas. "Ni concedía ni denegaba, ni discriminaba en razón de amistad o familia", ha apuntado Rivas.
Muere un joven migrante en el asentamiento de la antigua fábrica de Guano
El ministro marroquí ha insistido en que ellos sí quieren que vuelvan los inmigrantes que entraron en España, tanto los mayores de edad como los menores. Pero que España no lo permite.
El debate se ha visto condicionado por el 'caso de MariCarmen', cuyo desahucio ha provocado una fuerte reacción política y social. El Gobierno sostiene que hay que evitar situaciones similares, mientras que el PP asegura que el futuro decreto no habría impedido su desahucio, y acusa al Ejecutivo de utilizar el caso políticamente.