SU DECLARACIÓN ES CLAVE EN EL JUICIO DEL CASO "ERE"
Según el juez instructor, Fernández habría impulsado de manera directa la implantación del "procedimiento específico" por el que la Junta repartió, entre 2001 y 2011, más de 850 millones en ayudas socio laborales y a empresas en crisis de forma presuntamente arbitraria y eludiendo los controles administrativos. Por esta acusación afronta ocho años de cárcel y treinta de inhabilitación, acusado de prevaricación y malversación.
Junto al exdirector general de Trabajo Javier Guerrero, es el único de los 22 ex altos cargos de la Junta que se sientan en el banquillo que ha pasado por prisión: ingresó la madrugada del 24 de abril de 2012 y salió en agosto tras pagar 450.000 euros de fianza.