CATALUÑA
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha emitido una nota en la que corrige de forma indirecta la versión expresada por Gimeno, y que ha ratificado en una entrevista radiofónica, en el sentido de que el ultimátum a la Generalitat se refiere sólo a las tres familias que denunciaron ante la justicia el modelo de inmersión lingüística en catalán.
Según la nueva versión, el fallo del TSJC insta a la Generalitat a adoptar las medidas oportunas para cumplir en materia lingüística las sentencias sobre la enseñanza en Cataluña "en los términos resueltos" por el Tribunal Supremo, lo que "podía significar su aplicación de forma genérica a toda la enseñanza en Cataluña" y por tanto no sólo a las tres familias recurrentes La misma interpretación que Gimeno dio en un principio sobre el auto del TSJC, que ejecuta varias sentencias del Tribunal Supremo (TS), la han mantenido públicamente tanto el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, como la consellera de Justicia, Pilar Fernández Bozal, y la de Enseñanza, Irene Rigau.
Gimeno afirmó que el auto del TSJC sólo hacía referencia a las peticiones de las familias que recurrieron, aunque matizó que este punto debería quedar aclarado en el recurso que la Generalitat ha anunciado que presentará.
"Esta resolución es la ejecución de una sentencia que respondía a una demanda de unas personas concretas, y por ello interpretar que puede tener un carácter general sería una interpretación excesiva", dijo Gimeno, quien reconoció que los términos en los que se pronuncia el fallo "tienen una amplitud que podría llevar a dudas".
En cualquier caso, el TSJC remarca que "en ningún momento" ha señalado cuáles deben ser las medidas concretas que debe adoptar la Generalitat para cumplir las sentencias del Supremo, ya que esta responsabilidad recae tanto a Enseñanza como en función de los "criterios pedagógicos, organizativos, económicos y de todo tipo".
Además, el TSJC afirma en la nota ser consciente de que se trata de un tema "especialmente delicado", ya que provoca discusión por parte de familias, comunidad educativa, instituciones y ciudadanos, aunque recuerda que su ámbito de actuación y de decisión es "exclusivamente jurídico y no político".
Se da el caso de que la misma sala del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que ha dado un ultimátum a Enseñanza para implantar el castellano como lengua vehicular en las escuelas desestimó íntegramente, antes de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, tres recursos contra la inmersión lingüística en catalán al considerar que este modelo es "constitucionalmente legítimo", según la nota.