LE IMPIDEN ENTRAR EN LA CAPITAL DE SÁHARA OCCIDENTAL
Meyer asegura que nada más llegar a El Aaiún fue frenado por la policía marroquí cuando bajaba por la escalerilla del avión, por lo que optó por resistirse de forma pasiva sentándose en ella. La policía le empujó hasta que cayó de bruces contra el suelo y se golpeó en el cuello.
El eurodiputado de Izquierda Unida (IU) Willy Meyer fue "agredido" por la policía marroquí que le impidió entrar en El Aaiún, capital del Sáhara Occidental, y le expulsó a Gran Canaria, según denunció la ONG Saharacciones.
Según un comunicado de la asociación, Meyer iba acompañado por José Pérez Ventura, candidato al Congreso por la provincia de Santa Cruz de Tenerife por IU y abogado miembro de la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental (IAJUWS).
La ONG saharaui no dio detalles sobre el tipo de agresiones que sufrió Meyer, pero él informó posteriormente de que nada más llegar a El Aaiún fue frenado por la policía marroquí cuando bajaba por la escalerilla del avión, por lo que optó por resistirse de forma pasiva sentándose en ella.
Las autoridades marroquíes no se pronuncian
La policía le empujó hasta que cayó de bruces contra el suelo y se golpeó en el cuello. Ambos diputados fueron devueltos a Gran Canaria en el mismo avión que los había trasladado previamente a El Aaiún. El objetivo de su visita era informarse de la situación de los derechos humanos de miles de los saharauis que viven en la capital y en otras partes del Sáhara Occidental.
Por su parte, las autoridades marroquíes aún no han dado ninguna información sobre lo sucedido. Esta es la segunda vez que Marruecos impide la entrada a Meyer, muy implicado en el activismo independentista saharaui, en el territorio del Sahara.
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El ministro marroquí ha insistido en que ellos sí quieren que vuelvan los inmigrantes que entraron en España, tanto los mayores de edad como los menores. Pero que España no lo permite.
El debate se ha visto condicionado por el 'caso de MariCarmen', cuyo desahucio ha provocado una fuerte reacción política y social. El Gobierno sostiene que hay que evitar situaciones similares, mientras que el PP asegura que el futuro decreto no habría impedido su desahucio, y acusa al Ejecutivo de utilizar el caso políticamente.