El Consejo de Ministros da luz verde al 'Plan de acción por la Democracia'. Las 31 medidas que se incluyen en él, se plantea que se ejecuten en los 3 años que quedan de legislatura. Con ello, el Gobierno quiere "una democracia más limpia, más fuerte y más transparente".
Este plan es un recopilatorio de 31 medidas divididas en tres ejes, cuyo objetivo es, según ha manifestado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ampliar y mejorar la calidad de la información gubernamental, fortalecer la transparencia, pluralidad y responsabilidad del ecosistema informativo y reforzar la transparencia del poder legislativo y del sistema electoral.
1. Mejorar la transparencia de las instituciones
Según el documento del plan, en este primer eje, el Gobierno establece que la ciudadanía tiene que disponer de información directa y fácil sobre el funcionamiento de las administraciones para fiscalizarlas y así evitar la corrupción.
Entre sus medidas más importantes se encuentra: una estrategia de Gobierno Abierto, la creación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, la rendición de cuentas obligatoria para conocer cómo se cumplen los programas de gobierno o la reforma de la Ley de Secretos Oficiales.
Todas las medidas aprobadas en este punto son las siguientes:
- Aprobación de la nueva Estrategia de Gobierno Abierto y remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Administración Abierta para ampliar las obligaciones en materia de transparencia, reforzar los controles sobre los cargos públicos, en especial en materia de conflictos de interés y ampliar la participación ciudadana la colaboración de la sociedad civil en los asuntos públicos.
- Celebración en la ciudad de Vitoria Gasteiz de la novena Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto en otoño de 2025, en la que participarán más expertos en la materia y líderes gubernamentales de todo el mundo.
- Terminar la ejecución del IV Plan de Gobierno abierto (2020-2024) y preparar el V plan en un proceso de creación conjunta con las organizaciones de la sociedad civil.
- Adopción del Acuerdo por el que se aprueba el Sistema de Integridad de la Administración General del Estado.
- Aprobación del Real Decreto por el que se desarrolla una estrategia para combatir la corrupción contemplada en la Ley 2/2023.
- Aprobación del Real Decreto para la creación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante recogida en la Ley 2/2023.
- Aprobación del Real Decreto de ampliación de la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal para crear dos nuevas unidades especializadas de la Fiscalía General del Estado para avanzar en la lucha contra el fenómeno de la corrupción pública y privada.
- Reforma de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales.
2. Fortalecer la pluralidad informativa
En lo que respecta a la información, se decreta que la ciudadanía debe conocer las fuentes de financiación de los medios, la identidad de sus accionistas, la publicidad institucional que reciben y sus cifras de audiencia de forma honesta.
Por este motivo, se cree importante que se cree un registro de medios de comunicación con información sobre su propiedad e inversión publicitaria que reciben, la obligación de que las Administraciones Públicas hagan públicas sus inversiones publicitarias anualmente, una reforma de la Ley de Publicidad Institucional, una Estrategia Nacional de lucha contra las pantallas de desinformación, las reformas de los artículos del Código Penal que afecten a la libertad de expresión y a la creación artística, así como de las leyes orgánicas del derecho al honor y a la rectificación, así como limitar la financiación que las administraciones públicas puedan dedicar a los medios de comunicación.
Todas las medidas aprobadas en este punto son las siguientes:
- Creación de un registro de medios de comunicación en el que se disponga de información pública sobre su propiedad y la inversión publicitaria que reciben.
- Establecimiento de un deber de publicación anual de inversión publicitaria por parte de todas las administraciones públicas.
- Reforma de la Ley de Publicidad institucional para introducir criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación en su asignación.
- Reforma de la Ley de Publicidad institucional para garantizar que sistemas de medición de la audiencia y la metodología que utilicen cumplan los principios de transparencia, imparcialidad, inclusividad, proporcionalidad, no discriminación, comparabilidad y verificabilidad. Asimismo, se establecerán medidas de apoyo para aquellos medios de comunicación que estén íntegramente en lenguas oficiales diferentes del castellano.
- Impulso de la ley de secreto profesional de los periodistas como garantía jurídica para la protección de fuentes.
- Transposición Directiva anti SLAPP para la protección de los periodistas de acosos externos.
- Reforma de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, en su artículo 36, apartado 23, sobre la calificación de la sanción por el uso de imágenes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
- Refuerzo de la auto-regulación de los Medios y las Plataformas digitales en el marco del Código de buenas prácticas a nivel europeo.
- Introducción de límites a la financiación que las administraciones públicas pueden dedicar a los medios de comunicación, para que no haya medios impulsados por o dependientes de administraciones públicas.
- Revisión del marco regulatorio para garantizar el pluralismo evitando la concentración de los medios de comunicación.
- Aprobación de una Estrategia Nacional de lucha contra las campañas de desinformación.
- Reforma de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y de la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación, para mejorar el sistema para instar y lograr la rectificación de noticias falsas o abiertamente tendenciosas, con indemnizaciones y plazos adecuados.
- Abordar una reforma integral de los artículos del Código Penal que pueden afectar al derecho de libertad de expresión y a la creación artística, entre otros casos cuando se refiera a las instituciones del Estado, se trate de delitos contra los sentimientos religiosos o de escarnio público u otros supuestos, con el fin de darles una redacción homologable a los países de nuestro entorno y de atender a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en materia de difamaciones y su encaje legal.
- Puesta en marcha de un programa de ayudas dotado con 100 millones de euros para promover la digitalización de los medios de comunicación a través de la creación de bases de datos, el desarrollo de herramientas de mejora de la productividad y calidad informativa, así como el refuerzo de la ciberseguridad.
- Reforma de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para que cuente con competencias en materia de servicios digitales y medios de comunicación, en consonancia con la creación a nivel comunitario del Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación.
- Creación de una nueva comisión en el Congreso de los Diputados sobre desinformación.
3. Reforzar el sistema electoral
En este tercer punto, el documento establece que en paralelo al poder ejecutivo y la labor de los medios de comunicación, el sistema político y electoral debe ser transparente para su buen funcionamiento y así evitar conflictos de intereses y reforzar la transparencia del proceso legislativo y sus principales actores.
Por este motivo, entre las medidas más importantes que se recogen en este eje son: el fortalecimiento del régimen sancionador a los partidos que no presenten sus cuentas de manera adecuada, la obligación de realizar el Debate sobre el Estado de la Nación y debates en campaña electoral, así como la obligación de publicar todos los microdatos de las encuestas electorales, y la existencia de una ley de grupos de interés para conocer la influencia de cada sector a la hora de elaborar las leyes.
Todas las medidas aprobadas en este punto son las siguientes:
- Reforma del Reglamento del Congreso para establecer la obligación de celebrar anualmente el Debate sobre el Estado de la Nación.
- Reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General para establecer la obligación de celebrar debates electorales entre candidatos y candidatas.
- Reforma de la de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General para establecer una obligación de publicación de todos los microdatos de las encuestas electorales, debidamente anonimizados.
- Reforma del Reglamento del Congreso y del Reglamento del Senado para reforzar las sanciones por la no presentación de declaración de bienes por parte de sus miembros o la presentación de información falsa o incompleta.
- Aprobación de la Ley de Grupos de Interés que regule su código de conducta y facilite el seguimiento del proceso legislativo.
- Reforzar el régimen sancionador aplicable a los partidos políticos que presenten sus cuentas de manera inadecuada.
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