EL MINISTERIO DE EXTERIORES HA PEDIDO PARALIZARLO
El Gobierno ha enviado una nota verbal al embajador del Reino Unido en Madrid en la que se queja de un proyecto urbanístico en Gibraltar que plantearía ocupar aguas de soberanía española, y advierte de que podría emprender acciones legales si dicha construcción viola el derecho internacional.
Fuentes de Exteriores han confirmado el envío de esta nota por parte del Ministerio en la que, según explican, España alude a las informaciones que se han publicado sobre la futura construcción de seis torres de apartamentos en la cara este del Peñón.
Estas edificaciones se construirían en terrenos ganados al mar, en las aguas que España considera de su soberanía porque no fueron cedidas en el Tratado de Utrecht y que Gibraltar considera británicas ya que afirma que cuenta con tres millas de aguas territoriales.
El pasado mes de diciembre el gobierno de gibraltar hizo público que salían a la venta 665 casas del proyecto conocido como Hassan Centenary Terraces, que prevé la construcción de seis bloques de 23 alturas, en su mayor parte por unos terrenos ganados hace décadas.
El proyecto incluiría ampliar este espacio ya ganado al mar, según fuentes gibraltareñas. El Ministerio español ya envió una nota verbal en octubre de 2017 sobre este asunto y ahora, tras la difusión de que esta promoción salía a la venta, ha advertido al Reino Unido de que la construcción supone un cambio en el espacio marítimo-terrestre definido y por tanto violaría los principios fundamentales del Derecho internacional.
Por eso, España ha pedido en su comunicación que se paralicen las obras de relleno o de construcción sobre espacios que no fueron cedidos en el Tratado de Utrecht y que, en consecuencia, son de soberanía española y ha advertido de que se reserva su derecho a emprender las acciones legales que considere oportunas. De su lado, el gobierno gibraltareño ha puntualizado en una nota de prensa que este emplazamiento ha sido objeto de diversas quejas por parte de España ante la Comisión Europea.
"Los estudios más recientes se llevaron a cabo a raíz de una queja de España en 2013. La Dirección General del Medio Ambiente de la Comisión dictaminó en 2014 que no identificaba ningún incumplimiento de la legislación medioambiental comunitaria".
El gobierno gibraltareño ha indicado que "cada vez que hay elecciones en España" Gibraltar se convierte "en un arma arrojadiza política". Afirma también que el nuevo proyecto residencial en el Peñón creará cientos de puestos de trabajo adicionales para los trabajadores de la construcción españoles.