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DELCY RODRÍGUEZ

España pedirá formalmente a la UE que levante las sanciones a Delcy Rodríguez tras la amnistía en Venezuela

Tras la recién aprobada ley de amnistía en la Asamblea Nacional de Venezuela, el ministro Albares ha anunciado que España pedirá a la UE que retire las sanciones contra la presidenta encargada de Venezuela.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha anunciado este viernes que España solicitará a la Unión Europea que retire las sanciones impuestas a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, después de que la Asamblea Nacional venezolana aprobara una ley de amnistía para presos políticos.

Albares ha defendido que las sanciones deben ser una herramienta para promover el diálogo y no un fin en sí mismas. "Si se están dando pasos hacia ello, la Unión Europea también tiene que darlos. Al mismo tiempo, quiero recordar que Nicolás Maduro no tenía sanciones de la Unión Europea", ha señalado a los medios desde Barcelona.

La ley de amnistía fue aprobada este jueves por unanimidad y tiene como objetivo liderar a personas condenadas por motivos políticos entre 2002 y 2025, aunque excluye delitos graves como violaciones de derechos humanos, homicidio y corrupción.

Por qué España quiere levantar las sanciones

Albares ha calificado la aprobación de la amnistía como "una señal fuerte de que Venezuela camina por el camino adecuado" y confía en que la ley sea "lo más amplia posible" para permitir que los presos políticos puedan salir de prisión. Asimismo, ha animado a Delcy Rodríguez a continuar dando pasos en esa dirección para facilitar condiciones que permitan, por ejemplo, que venezolanos en el extranjero que deseen regresar lo hagan con seguridad.

El ministro ha recordado además que, cuando la UE impone sanciones individuales, suele excluir de ellas a jefes de Estado y ministros de Exteriores para mantener abiertos los canales de diálogo. Por ello considera "fundamental acompañar en este momento a Venezuela".

Ahora, la decisión de retirar o modificar las sanciones está en manos de los Estados miembros de la UE, que deberán discutir la propuesta española en el marco de la política exterior comunitaria.

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