"Se me ha escuchado hablar en un centro penitenciario y eso ya me parece grave"

El juicio al juez Baltasar Garzón, por intervenir las comunicaciones entre varios de los imputados en el "caso Gürtel" en prisión y sus abogados, se ha reanudado en su segunda sesión con la declaración como testigo del letrado Ignacio Peláez, autor de la querella que dio origen a la causa.

Peláez, exfiscal de la Audiencia Nacional, es el abogado del empresario José Luis Ulibarri, uno de los imputados en el "caso Gürtel", y fue grabado en la prisión de Soto del Real (Madrid) cuando acudió a la misma a entrevistarse con los presuntos máximos responsables de la trama, Francisco Correa y Pablo Crespo. 

Peláez ha destacado: "Mi gran preocupación es que todo lo que se ha oído no se ha trascrito". El letrado mantiene que hay elementos incriminatorios que él ha hablado con su cliente, el empresario José Luis Ulibarri,  "y se están utilizando y no aparecen en las transcripciones".

"El simple hecho de que se me esté escuchando en un centro penitenciario me parece grave, en un estado de derecho, no estamos en un delito de resultado, sino en un hecho de que se me escucha", ha comentado el abogado ante las preguntas de la defensa del magistrado Baltasar Garzón.

"Cuando declara mi cliente descubro que funcionarios de policia y un juez tienen las respuestas de lo que va a responder en un interrogatorio porque tienen un papel delante que físicamente pueden leer y saben lo que va a declarar", asegura Peláez.

"Saben con quién me he reunido para preparar declaraciones, yo no discuto la inteligencia de la fiscalia pero me resulta muy sagaz algunas preguntas de la fiscalia, o bien se me ha escuchado conversaciones o sino no entiendo como se me hacen estas preguntas" ha comentado el declarante.


Durante la segunda jornada comparecerán, también como testigos y además de Peláez, varios policías y un funcionario del Juzgado de Garzón en la Audiencia Nacional. Garzón, acusado de los delitos de prevaricación y vulneración de las garantías constitucionales, se enfrenta a una petición de las acusaciones de hasta 17 años de inhabilitación, lo que supondría el fin de su carrera como magistrado