Cataluña
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) duda sobre la constitucionalidad del decreto de la Generalitat y la ley del Parlament con las que el Ejecutivo de Pere Aragonès quiere sortear la aplicación de la sentencia que obliga a impartir el 25% en castellano en las aulas catalanas.
En una providencia, el TSJC sostiene que ambas normas "determinan la imposibilidad legal de ejecutar la sentencia" del propio tribunal, ratificada por el Supremo y además remarcan que no pueden ejecutar la sentencia y aplicar este porcentaje en las aulas por el decreto y la posterior ley.
Los magistrados insisten en que la validez de la normativa autonómica aprobada con posterioridad a esa sentencia para sortear su aplicación está entredicho “por vicios de inconstitucionalidad”.
El decreto ley 6/22 "impide la viabilidad de la garantía establecida en la parte dispositiva de la sentencia en cuanto a la fijación de un porcentaje mínimo de uso vehicular de una y otra lengua oficial”. También la Ley 8/22 sobre el uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitarias “establece la consideración del castellano como lengua de uso curricular, en contradicción con el fundamento constitucional que determinó el fallo de la sentencia y que se concretó en el reconocimiento del castellano como lengua vehicular”.
Por ello, el TSJC insta a la Fiscalía y a las partes implicadas en el procedimiento a que se posicionen sobre la pertinencia de llevar al Tribunal Constitucional el decreto del Govern y la posterior norma aprobada en el Parlament sobre el uso de idiomas en los centros educativos.
Imposibilidad legal de ejecutar la sentencia
“Estamos ante una situación que impide de forma sobrevenida la ejecución de la sentencia" aseguran los magistrados "como consecuencia de la promulgación de unas normas legales que suscitan dudas de inconstitucionalidad, de cuya validez depende la decisión que debemos adoptar sobre la continuidad o sobre la imposibilidad” de ejecutarla. De ahí que, insistan, resulte obligado “plantear la cuestión ante el Tribunal Constitucional”.
Tras conocerse la decisión judicial, la Asamblea por una Escuela Bilingüe, que pidió la ejecución de la sentencia para aplicar el 25% de castellano en las aulas, comunicó que la entidad "no desfallecerá hasta conseguir el fin de la inmersión, por muchas piedras que coloquen en el camino, los que llevan vulnerando nuestros derechos desde hace más de tres décadas".