LA FISCALÍA
La defensa del Partido Popular ha registrado un escrito ante el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid para solicitar que no se retransmita en directo el juicio por la destrucción de los ordenadores de quien fue su tesorero Luis Bárcenas, previsto a partir del próximo 14 de junio, porque entiende que no hay razones de "interés social" o "transparencia del proceso" que pudieran justificar tal medida.
El Gabinete de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) había solicitado la emisión de las sesiones de este juicio en "aras de la transparencia judicial" y dado "el interés social" del procedimiento en el que el PP, su tesorera Carmen Navarro, el informático José Manuel Moreno y el abogado de la formación Alberto Durán se sientan en el banquillo por la destrucción "a conciencia" de los ordenadores que Bárcenas usaba en la sede del partido.
El PP considera por contra que "la verdadera motivación que parece subyacer a la petición del Gabinete de Comunicación del TSJM es la realización de un juicio mediático que ocasionaría el escarnio público de los acusados" y que "intensificaría la pena de banquillo a la que llevan sometidos desde su imputación en la presente causa", razón por la que solicita al juez que se oponga.
En concreto, afirma que la emisión "vulnera los derechos a la intimidad, a la propia imagen y al honor" del Partido Popular "y muy especialmente de su representante especialmente designado así como del resto de intervinientes, que no son políticos ni personajes públicos, sino personas anónimas que desean conservar su anonimato".
Asegura que además, "pone en riesgo el buen funcionamiento de la Administración de Justicia y el correcto desarrollo del proceso, por el componente intimidatorio inherente a la presencia de medios audiovisuales en la sala que están retransmitiendo el juicio en directo" y "podría incluso llegar a afectar al derecho a la presunción de inocencia de los acusados" porque se generaría un "juicio paralelo" en los medios de comunicación "y en la sociedad".
Para la defensa del PP, basta con la presencia de periodistas en la sala del juicio para garantizar el derecho a la información, pues "no necesitan la utilización de medios audiovisuales para proporcionar una información veraz a la ciudadanía".
En todo caso, solicita al juez que si decide autorizar la emisión de las sesiones del juicio oral, ise adopten medidas tendentes a evitar la identificación de los acusados, testigos, peritos y demás intervinientes, con planos desde atrás o edición para hacer irreconocibles los rostros, "en especial, del representante especialmente designado del Partido Popular que será un abogado externo ajeno al partido".
Testifican Bárcenas y Cospedal
Las defensas de Moreno y Navarro han presentado escritos en la misma línea. En el caso de la tesorera, incide en que "no es Bárcenas a quien las acusaciones populares someten a pena de banquillo" ni se trata del enjuiciamiento "de ninguna persona que haya ejercido cargo público electo o institucional".
"Lo que conscientemente se omite en la solicitud es el exclusivo interés en la declaración potencialmente mediática de dos de los testigos, que sí han sido personajes públicos", apunta en relación a Bárcenas y a la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal, que están citados a partir del 20 de junio.
"Pero el interés en la declaración de estas dos personas no puede amparar el sacrificio de los derechos de los acusados ni del resto de los testigos y peritos. Ninguno de los letrados partícipes en el proceso debería apoyar lo contrario ni siquiera ante la seducción de un minuto de publicidad televisiva", añade la defensa.
Se da la circunstancia de que la Fiscalía no acusa en este procedimiento, que se sustenta con la acusación ejercida conjuntamente por IU, Adade y el Observatori DESC, que no se oponen a la retransmisión de las sesiones del juicio oral.