EL PARTIDO TIENE LA CULPA
El informe de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid redactado tras los incidentes en la celebración del Orgullo en la capital arremete contra la actuación de Ciudadanos en la manifestación al concluir que "maniobró para catalizar la acción mediática y publicitaria".
También sostiene que "no hay constancia de que se produjeran agresiones físicas" y afea al partido naranja por "no seguir en ningún momento las instrucciones policiales".
"Desde un inicio", dice el informe que publica este martes el diario 'El País' en su versión digital, "la pretensión de que el grupo Ciudadanos cuente con un cordón policial para asistir a una manifestación se interpreta como una maniobra para catalizar la acción mediática y publicitaria del MADO-19".
Esto se califica de "evidente ya que se disponía de una protección de paisano suficiente y adecuada para garantizar la seguridad". El informe recuerda que son los organizadores del Orgullo los que velan por el correcto desarrollo y que "su servicio de orden arropó constantemente al grupo cuestionado".
Es a Ciudadanos a quien se critica por "crear una grave descoordinación" al recurrir a la Policía Municipal. "No ha seguido en ningún momento las instrucciones policiales ni sus consejos, de hecho ha provocado la entrada de la Policía Municipal haciendo uso de privilegios de seguridad como concejales, lo que podría haber iniciado un efecto nefasto en los sistemas de orden público que se estaban aplicando". El jefe de seguridad del Ayuntamiento, de acuerdo a la cronología policial, se comunicó con el responsable del dispositivo a las 22.10 horas.
Según el informe, fechado el 8 de julio, lo que se denomina agresiones consistió en lanzamiento de agua, y se puntualiza que esto es "constante en toda la celebración entre sus asistentes para paliar el calor", así como "increpaciones, insultos, consignas políticas y algún lanzamiento aislado de algún objeto no peligroso y efectuado no entre los manifestantes sino entre público asistente".
El bloqueo de la manifestación se relaciona con la decisión de un grupo de manifestantes se sentarse en el suelo para impedir la marcha de los representantes de Ciudadanos.
La Jefatura decide no intervenir desalojando a este grupo al entender que generaría "más alteración ciudadana de la que se trataba evitar". También señala que es desde los laterales del Paseo del Prado desde donde se vierten la mayoría de insultos.
Fue durante ese bloqueo donde, según la Policía, "se lanza agua con pistolas de juguete y alguna botella de plástico vacía, que no llega a impactar a nadie ni causar lesiones".
Esto mismo se repite en el momento de la evacuación sobre las 22.30 horas ante "el conflicto que se está creando", por lo que, tras dos invitaciones anteriores, los políticos deciden salir por un lateral del Ministerio de Sanidad, "siendo seguidos por un grupo de manifestantes que les siguen increpando a distancia, sin que se produzcan agresiones directas, ni siquiera un contacto físico".
La Policía justifica su decisión de no recurrir al uso de la fuerza porque "decidió utilizar un sistema para que la propia manifestación se autoregule sola". De hecho, añade que la evacuación de los representantes de Ciudadanos "no fue bajo la acción de la actuación policial, sino un mero acompañamiento tranquilizador".
También se menciona que a las 22.55 horas el grupo de dirigentes de Ciudadanos, "ya más reducido", llegó a las puertas del Congreso de los Diputados tras abandonar el recorrido de la manifestación al objeto de "improvisar una rueda de prensa". "Allí, los que son diputados y senadores obligan al servicio de seguridad a abrir la instalación para entrar en la misma", apuntan.
En la información previa, la Policía recoge que el 6 de julio, el mismo día de la manifestación del Orgullo, el jefe de seguridad de Ciudadanos contactó con la Brigada Provincial de Información para solicitar protección policial, que llegó a ser de unos 20 agentes no uniformados camuflados conforme aumentaba la tensión.
"Por parte de esta Jefatura Superior", continúa el escrito, "se consideró la protección durante una celebración de una manifestación festiva y reivindicativa como un elemento extemporáneo a los actos, ya que catalizaría toda la atención mediática del día y originaría disfunciones graves con el derecho fundamental a manifestarse de los demás participantes, más cuando la organización garantizaba el normal desarrollo con un servicio de orden numeroso e identificado (chalecos naranjas)".
Por esta razón, y "como alternativa", se comisionó a un inspector con apoyo de varios policías para que se entrevistaran con los dirigentes del partido.