Presupuesto Generales 2021
Hoy se ha aprobado el techo de gasto en el Consejo de Ministros, con una subida histórica, de un 53%, lo que supone alcanzar los 196.097 millones de euros, gracias, en buena parte, a los fondos de reconstrucción de la UE por la pandemia del coronavirus.
El Gobierno quiere gastar más, en medio de una recesión que también es histórica. Las previsiones no son buenas, al menos para este año, aunque la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha pronosticado, con toda "la incertidumbre y cautelas " que requiere la grave crisis económica generada por el coronavirus que " la recuperación económica está en marcha. Las medidas desde marzo, han permitido amortiguar el impacto de la pandemia".
La fijación del techo de gasto es un paso imprescindible en el proceso de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado. Este incremento "notable", como ha apuntado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se sustenta en los fondos que España recibirá de Bruselas dentro del plan de reconstrucción económico.
El límite de gasto homogéneo será de 136.779 millones de euros, lo que supone un incremento del 7,2% respecto al presente ejercicio. Sin embargo, si se suman las transferencias extraordinarias a las comunidades y Seguridad Social la cifra supera los 168.000 millones, un 32% más.
La ministra ha destacado que el límite de gasto es un paso "muy importante" para la elaboración presupuestaria de 2021, ya que hay una necesidad "ineludible" de contar con unas nuevas cuentas públicas para impulsar el crecimiento, combatir la desigualdad y hacer realidad el lema de que "nadie quede atrás" y para canalizar los recursos de los fondos europeos.
Montero ha recordado que se han seguido las recomendaciones que la Comisión Europea y el Consejo aprobaron el pasado marzo para activar la cláusula general de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que se mantendrá activa en 2021, lo que implica que la UE permite a los Estados miembros pueden posponer y dejar en suspenso la senda de consolidación fijada con anterioridad a la crisis.
Por ello, además de derogar los parámetros fiscales, el Consejo de Ministros ha acordado someter al Congreso la valoración de que en España concurren excepcionales circunstancias para aplicar el artículo 135.4 y el 103 de las leyes para proceder a la suspensión de las reglas fiscales, contemplado en la Constitución y en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, ha precisado Montero, con el fin de tener "mayor seguridad jurídica", aunque se ha mostrado "convencida" de que el Congreso respaldará dicha decisión.
Se suspenden las reglas fiscales pero no la responsabilidad fiscal
A pesar de que "de forma extraordinaria" el 'techo de gasto' no vaya acompañado de una senda de estabilidad, Montero ha matizado que no significa que el Gobierno renuncie al principio de estabilidad presupuestaria, por lo que ha aclarado que se suspenden las reglas fiscales pero no la responsabilidad fiscal del Gobierno ni del conjunto de administraciones públicas, como tampoco el principio de prudencia a la hora de realizar los presupuestos y estimar la evolución de ingresos y gastos.
Igualmente, Montero ha asegurado que la previsión es que los ingresos tributarios se incrementen en 2021, lo que se reflejará en el proyecto de Presupuestos, ha dicho.
Desplome del PIB y déficit superior a lo esperado
Las nuevas previsiones económicas elaboradas por el Ministerio de Economía empeoran sensiblemente las remitidas a Bruselas el pasado mes de mayo. En cuanto al déficit público, la ministra, Nadia Calviño, ha anunciado que la previsión es un déficit de referencia del 11,3% este año, superior al 10,34% del PIB previsto en mayo, mientras que la tasa de referencia para 2021 contempla un déficit del 7,7%, lo que supone una reducción de 3,6 puntos porcentuales en un año.
Aunque han permitido amortiguar el impacto, Calviño ha reconocido que las medidas han tenido un "alto coste" para el déficit y la deuda pública.
Por administraciones, la tasa de referencia del déficit conjunto del 7,7% para 2021 se distribuye entre la Administración Central, con un déficit del 2,4% del PIB, del 2,2% para las CC.AA., del 0,1% para las corporaciones locales y del 3% para la Seguridad Social.
La Administración Central asumirá 1,7 puntos de déficit de la Seguridad Social (18.396 millones) y 1,1 puntos de las CC.AA. (13.486 millones), con lo que el déficit de referencia quedaría en el 5,2% para el Estado, el 1,1% para las regiones, una décima para los entes locales y un 1,3% para la Seguridad Social.
Nadia Calviño, ha afirmado que la situación será mejor de lo apuntado: "Esperamos un fuerte crecimiento en 2021 al que se puede dar un impulso adicional si como país aprovechamos los fondos comunitarios" y que permitirá, según Calviño, "que la economía recupere en 2022 los niveles previos al estallido de la pandemia".