LOS INDEPENDENTISTAS BUSCARÁN 'LA FOTO'
El secretario tercero de la Mesa del Parlament Joan Josep Nuet ha alegado ante la juez que le investiga por permitir que el Parlament votara dos resoluciones a favor del referéndum que no es independentista, sino demócrata, y que el reglamento de la cámara le obligaba a permitir la votación.
Según han informado fuentes judiciales, Nuet ha comparecido como investigado durante unos veinte minutos ante la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Maria Eugenia Alegret, en una sesión en la que sólo ha respondido a seis preguntas de su abogado, para afirmar que no desobedeció al Tribunal Constitucional ni tenía intención de hacerlo.
Nuet ha invocado su inviolabilidad para no reconocer la potestad de ningún tribunal para juzgarle por su actividad parlamentaria y, tras subrayar que no cree que vulnerara las resoluciones del Constitucional, ha sostenido que no es independentista, sino demócrata, ante lo que Alegret le ha interrumpido afirmando: "este no es el debate".
El diputado de CSQP ha esgrimido además que como miembro de la Mesa estaba obligado por el reglamento de la cámara a permitir que el pleno votara las dos resoluciones sobre el referéndum, porque únicamente podía valorar su congruencia -si obedecían a lo que se había debatido en el debate de política general-, y que, posteriormente, en la votación en el pleno, cuando analizó las resoluciones ideológicamente, se abstuvo.
Sobre las 8.15, el independentismo y los 'comuns' han aparcado momentáneamente sus diferencias sobre el referéndum del 1 de octubre y han arropado juntos en el Parlament a Nuet, acompañándolo desde el Parlament hasta el TSJC, adonde han llegado puntualmente, y donde había centenares de ciudadanos esperándoles a la puerta.
Nuet ha comparece ante la magistrada Maria Eugènia Alegret después de que ya lo hayan hecho, también como investigados por la misma causa, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; la secretaria primera de la Cámara catalana, Anna Simó; el vicepresidente primero, Lluís Corominas, y la secretaria cuarta, Ramona Barrufet, todos de JxSí.
En un principio, Nuet no estaba incluido en la causa porque la Fiscalía no le apuntó en su querella al considerar que no pretendía, como los diputados de JxSí, "incumplir los mandatos del Tribunal Constitucional" pero se autoinculpó en declaraciones a la prensa y, finalmente, la magistrada lo citó también como investigado.
Esa resolución insistía en la capacidad de Catalunya para la autodeterminación, instaba al Govern a celebrar un referéndum vinculante "con una pregunta clara y de respuesta binaria", ponía un límite para su celebración y creaba una comisión para el seguimiento del proceso de autodeterminación, entre otros puntos.
Forcadell fue la primera de los cinco investigados en comparecer ante el TSJC el 8 de mayo, aunque ya lo había hecho antes, tras una primera querella de Fiscalía, y explicó al tribunal que no "transgredió" el mandato del TC al permitir votar resolución porque, según ella, se limitaba a recoger lo abordado en el Pleno durante el Debate de Política General.
Precisamente, este es el punto donde pivota el caso y es lo que dilucidará si hubo desobediencia: si la Mesa debe permitir todos los debates o debe establecer un veto en determinadas cuestiones, como en este caso en el que hay un mandato del TC.
Según el reglamento de la cámara, la Mesa tiene poder de decidir la tramitación de todos los escritos y documentos de índole parlamentaria, con lo que se trataría de dirimir si la Mesa hace un mero control formal de debates y resoluciones o si tiene poder para fiscalizar los temas que se abordan y puede impedir algunos.
En esa misma comparecencia ante el tribunal, Forcadell pidió a la magistrada y al fiscal Francisco Bañeres que defendiesen su inviolabilidad parlamentaria como garantía de la separación de poderes; luego, junto a Simó, presentó un recurso al TSJC en la misma línea.
Sin embargo, el tribunal lo rechazó al considerar que no es aplicable a este caso porque los diputados son inviolables por sus votos y sus opiniones en el ejercicio del cargo, mientras que a ellos no se les investiga por esto, sino por los presuntos delitos de "prevaricación y desobediencia grave" al TC.