EN EL CONSEJO DE MINISTROS
La portavoz del Gobierno, Isabel Celáa, ha asegurado que las "amenazas" de la familia Franco no impedirán que se realice la exhumación de los restos del dictador del Valle de los Caídos porque ya se ha tardado "bastante" y la postura expresada por los familiares "no cambia nada".
En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Celáa se ha referido de esta manera al escrito remitido por la familia de Francisco Franco en la que advierte al Ejecutivo de que podría incurrir en un delito de prevaricación y usurpación de funciones, además de otro de "profanación de sepultura".
El Gobierno ha aprobado la incoación del expediente administrativo, que se contempla en el decreto ley para la exhumación de los restos de Franco, por el que se da 15 días a la familia para presentar alegaciones y comunicar el destino para enterrar los restos. En el caso de que no comunique este lugar, será el Gobierno el que decida el lugar para una nueva inhumación.
"Las amenazas no van a cambiar nada la determinación del Gobierno", ha afirmado Celáa sobre la exhumación de los restos de Franco, porque "no puede haber ningún mausoleo en un sistema democrático para un dictador" y ha añadido: "Ya hemos tardado bastante. Vamos a ello, no cambia nada".
Según ha manifestado Celáa, el Gobierno está "regenerando la democracia en todos los frentes" y, dentro de este objetivo, "arreglar el pasado también ayuda a un proyecto de futuro feliz y justo para todo el mundo", ha concluido.
La tramitación para desenterrar los restos de Franco se inició el viernes pasado con la aprobación por el Gobierno del real decreto que reformará la Ley de Memoria Histórica y que tiene que ser convalidado en el Congreso. Si, en el plazo de 15 días que se inicia con el Acuerdo de incoación, la familia Franco no comunica al Gobierno el lugar donde quiere que sea enterrado el dictador, será el Ejecutivo el que decida dónde será la nueva inhumación "asegurando una digna sepultura".
Para ello, deberá solicitar la asignación del correspondiente título de derecho funerario al ayuntamiento en el que vayan a ser enterrados y un informe no vinculante al órgano competente de la comunidad autónoma en materia de sanidad mortuoria, para que sea emitido en el plazo máximo de un mes.
Concluidas estas actuaciones, se volverá a dar un plazo de diez días a los interesados (incluida la familia) para que presenten alegaciones y, transcurrido este, el Consejo de Ministros, mediante "Acuerdo motivado" resolverá si procede la exhumación y el traslado de los restos y su destino.