Caso novio Ayuso
La defensa ve "discrepancias" y podría presentar ahora un informe alternativo.
Hoy han declarado ante la jueza Inmaculada Iglesias las dos inspectoras de Hacienda que elaboraron sendos informes señalando que Alberto González Amador, novio de Isabel Diaz Ayuso, pudo cometer dos delitos fiscales, por valor de 350.000 euros, en 2020 y 2021. Ambas han ratificado sus escritos y por tanto confirman ante la magistrada que han hallado indicios de que González Amador incurrió en fraude fiscal. Las inspectoras (una jefa, la otra perito) también certifican que declaró -presuntamente- gastos ficticios, lo que podría suponer un delito de falsedad en documento mercantil.
La declaración de la inspectora jefe -que elaboró el primer informe- ha sido la más larga, prolongándose hasta las dos horas y media. Según fuentes presentes en la declaración, la jueza ha centrado sus preguntas en la elaboración del informe, mientras que las acusaciones (Más Madrid y PSOE) y los abogados de González Amador han ido más al detalle. La defensa, de hecho, cree que hay "discrepancias" y valoran la posibilidad de presentar un informe propio con un peritaje diferente que podría contradecir el realizado por las dos inspectoras de la Agencia Tributaria.
La investigación a González Amador arrancó en marzo de 2022 y concluyó en diciembre de 2023 con la presentación de sendos informes, que llevaron a la pareja de Ayuso a tres imputaciones, a la que hace poco se han sumado dos más: administración desleal y corrupción en los negocios. Se trata de una pieza separada abierta en octubre y confirmada hace 15 días por la Audiencia Provincial de Madrid. Por estos hechos, González Amador tendrá que volver a comparecer el próximo 10 de abril en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid.
El caso ha cumplido ya un año y ha tenido como consecuencia una investigación al Fiscal General del Estado en el Tribunal Supremo por presunta revelación de secretos.
El magistrado cree que Álvaro García Ortiz pudo filtrar un correo electrónico entre el abogado de González Amador, Carlos Neira, y el fiscal del caso, Julián Salto, en el que el primero reconocía al segundo los delitos fiscales, buscando un pacto.
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