Memoria Democrática
Las dos asociaciones piden que se paralice el nombramiento de Dolores Delgado al considerarlo nulo de pleno derecho.
La Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) se han dirigido al Gobierno para pedir que se paralice el "inadmisible" nombramiento de la ex fiscal general Dolores Delgado como nueva fiscal de Memoria Democrática al considerarlo nulo de pleno derecho.
La AF ha enviado una carta a la ministra de Justicia, Pilar Llop, donde le reclama no trasladar al Consejo de Ministros la propuesta del fiscal general para situar a Delgado al frente de esta nueva nueva Fiscalía de Sala. En caso de hacerlo ya, piden que comunique la petición de la asociación para que no acuerde el nombramiento "por concurrir de nulidad de pleno derecho".
Asimismo, la AF advierte que, si finalmente el Gobierno decide seguir adelante con el nombramiento de Delgado, "la resolución del Consejo de Ministros puede ser impugnada, en su caso, ante la jurisdicción ordinaria y, eventualmente, ante jurisdicción constitucional, sin perjuicio del resto de acciones que se consideren procedentes".
La APIF ha dirigido un escrito al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, para advertirle, en su calidad de secretario del Consejo de Ministros, de "la mencionada incidencia en el Consejo Fiscal". "Sin duda alguna, determinará la existencia de litigación jurisdiccional tanto sobre la nulidad o no de la propuesta, así como de otro tipo de responsabilidades", apunta.
Ambas asociaciones recogen que la propuesta de nombramiento de Delgado no ha cumplido con el trámite establecido legalmente porque debe contar con el informe preceptivo, aunque no vinculante, del Consejo Fiscal. Además, siete de los 11 miembros que debían emitirlo no lo hicieron "por causa justificada".
Las razones por las que creen que es "nula"
Esa "causa justificada", aduce AF, es que sus seis vocales y el de la APIF pidieron a García Ortiz que suspendiera el Pleno al entender que, "una vez disueltas las Cortes Generales y convocadas las elecciones generales, razones de ética, estética y respeto institucional impedían llevar a cabo nombramientos discrecionales".
Sin embargo, el Pleno se celebró el pasado jueves y esos siete vocales plantearon la necesidad de que la Inspección Fiscal estudiara si Delgado incurría en una "causa de incompatibilidad" por su relación con el ex juez Baltasar Garzón, que dirige una fundación dedicada a los Derechos Humanos, FIGBAR. La petición fue rechazada, por lo que ambas asociaciones optaron por no participar.
Con todo, la AF subraya que "la mayoría de los vocales del Consejo Fiscal no emitieron el preceptivo informe en el concreto punto del orden del día relativo a la propuesta de nombramiento de nuevo fiscal de sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática", razón por la que la asociación esgrime que la propuesta de nombramiento "ha incumplido" el trámite legal.
Además, reivindica que la actuación de la mayoría de los vocales del Consejo Fiscal no puede considerarse como un 'voto negativo' o como una 'abstención', sino "como la no emisión del preceptivo informe exigido por el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) por causa justificada".
A todo ello suma que, "la actuación del fiscal general del Estadoha incumplido de forma palmaria las reglas esenciales para la formación de la voluntad de un órgano colegiado como el Consejo Fiscal al decidir, de forma unilateral y en contra de la mayoría de sus miembros, que no se sometiera a la consideración del Consejo el cumplimiento de una de sus funciones, como es la apreciación de una causa de incompatibilidad".
En la misma línea, APIF reprocha a García Ortiz que decidiera "lo que era competencia del Consejo Fiscal en Pleno". "Ello le permitió soslayar esa garantía legal que establece la ley para impedir que casos de conflicto de intereses se puedan producir en el seno de la Fiscalía", indica.