LA JUEZ DECIDE ESTE VIERNES
Lamela, quien ordenó el ingreso en prisión sin fianza del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y siete exconsejeros y la prisión eludible bajo fianza para el exconseller Santi Vila, tiene sobre la mesa la petición del fiscal de que ordene la detención de los cinco exdirigentes catalanes que no acudieron a su citación.
Tras la comparecencia de los nueve ex integrantes del Govern catalán, la Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió a Lamela una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) por rebelión, sedición y malversación contra Puigdemont, Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura). La Fiscalía expuso que "constan reiterados intentos de entregar la citación en su domicilio, así como reiteradas llamadas telefónicas, a las que se ha hecho caso omiso" por parte de estos cinco investigados para los que pide la detención. De Puigdemont, señala que "ha manifestado públicamente su intención de no comparecer y ha solicitado, como también lo han hecho Antoni Comín y Maritxell Serret, efectuar declaración por videoconferencia, sin ofrecer dato alguno sobre su paradero actual".
Pero esa previsible decisión no será la única que se adopte hoy relativa al proceso soberanista, pues los cinco magistrados de la sección segunda de la Sala de lo Penal celebrarán una vista, a puerta cerrada, para ver si ratifican la prisión preventiva de los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente. Una decisión precisamente adoptada por Lamela el pasado 16 de octubre un delito de sedición a petición de la Fiscalía.
En la vista, los abogados de los dos líderes independentistas expondrán sus recursos contra el ingreso en prisión y escucharán los argumentos de la Fiscalía, que se opone a dejarlos en libertad por riesgo de fuga, de reiteración delictiva y de destrucción de pruebas. Sànchez y Cuixart pidieron al tribunal poder estar presentes en la vista del viernes, señalada para las 10.15 horas, pero la Sala se lo ha denegado porque en esas comparecencias nunca se cita a los presos, han informado fuentes de la Audiencia Nacional.