ENCARCELADOS DESDE EL 16 DE OCTUBRE
La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado los recursos de los presidentes de ANC y de Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, contra la prisión provisional que dictó contra ellos la juez Carmen Lamela el pasado día 16.
Ambos permanecerán por lo tanto en la cárcel de Soto del Real (Madrid). La decisión no ha sido unánime, ya que uno de los cinco magistrados que integraban la Sala, José Ricardo de Prada, ha votado en contra y emitirá un voto particular. Este viernes se ha adelantado el fallo y los autos serán notificados en los próximos días, han informado fuentes jurídicas.
La decisión se ha comunicado horas después de que se celebrara, a puerta cerrada, la vistilla en la que los abogados de los líderes de las asociaciones catalanas han argumentado, para solicitar la excarcelación, que la situación en Catalunya "ha cambiado" y "sobrepasa" la existente cuando se dictó la prisión tras la Declaración Unilateral de Independencia y la aplicación del artículo 155 de la Constitución, lo que que conllevó la disolución del Parlamento de Cataluña y que el Govern fuera cesado.
Además, los defensores de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart han argumentado que esta circunstancia prueba que no tienen posibilidad de reiteración delictiva, tal y como destacó la Fiscalía, porque estos acontecimiento sucedieron casi dos semanas después de entrar en la cárcel.
Los autos que dará a conocer la Sala los próximos días, y cuyos ponentes serán los magistrados Angel Hurtado y Julio de Diego-- recogerán previsiblemente los argumentos de la Fiscalía, cuyo representante este viernes en la vistilla, Pedro Rubira, se ha opuesto a la excarcelación de los investigados.
Se da la circunstancia de que esta Sala presidida por María José Rodríguez Duplá y compuesta por Hurtado, De Diego, José Ricardo de Prada y Juan Pablo González, será la misma que estudie los recursos que presenten los 10 exconsellers de la Generalitat presidida por Carles Puigdemont que este jueves fueron encarcelados por la magistrada Carmen Lamela, investigados por los presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación por los hechos relacionados con el 'procès' que concluyeron con la declaración de independencia.