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Tensión en un desahucio en Barcelona entre activistas y Mossos. El desahucio, con antidisturbios de por medio, pone a prueba el pacto entre ERC y CUP para que gobierne Aragonès.
Tensión entre activistas y Mossos d'Esquadra este martes por la mañana en la calle Lleida de Barcelona, en Poble-sec, donde los antidisturbios se han desplazado por orden del Juzgado de Instrucción 54 para que se ejecutara el desahucio de un inmueble. Decenas de activistas del Sindicat d'Habtitage se han concentrado en la zona para tratar de impedir el desalojo, mientras que los policías han desplegado un cordón para permitir la entrada de la comitiva judicial.
El desahucio pone a prueba el acuerdo de investidura del presidente Pere Aragonès alcanzado entre Esquerra Republicana de Catalunya y la CUP, donde se establece que los antidisturbios no participarán en lanzamientos de familias y personas vulnerables. Asimismo, es el primer desahucio bajo la presidencia de Pere Aragonès y con el acuerdo con la CUP vigente, lo que ha motivado una fuerte protesta de los movimientos a favor del derecho a la vivienda.
Arran ocupa la sede de ERC
De hecho, activistas vinculados a sindicatos de la vivienda de Barcelona y militantes de Arran, las juventudes de la CUP, ocuparon esta mañana la sede de ERC en la calle Calàbria en protesta por el desahucio del bloque Llavors este martes por la mañana, en el que participaron agentes antidisturbios de los Mossos d'Esquadra.
En un comunicado, el Sindicat de Barri de Poble Sec ha lamentado que la intervención de los antidisturbios supone "un incumplimiento del acuerdo con la CUP" del nuevo presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, para retirar a los antidisturbios de los desahucios.
Comunicado del TSJC
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha emitido una nota una nota en relación al lanzamiento en la calle Lleida 38 de Barcelona: "Se trata de un procedimiento por precario. Este procedimiento no es asimilable a un desahucio por impago de hipoteca o de alquiler pues en el procedimiento por precario no existe ningún tipo de vínculo entre el propietario y el inquilino".
El TSJC asegura, por tanto, que no se trata de un desahucio contra familias y personas vulnerables: "El ocupante del inmueble presentó informe de vulnerabilidad, realizado por los Servicios Sociales del Ayuntamiento, que no fue admitido por el magistrado al considerar que no se daban los requisitos".