Rey Juan Carlos I
Tanto la Fiscalía española como la suiza ya han cerrado sus investigaciones sobre Don Juan Carlos, pero un juzgado londinense aún se tiene que pronunciar sobre la querella interpuesta allí por la empresaria alemana.
La Fiscalía del Tribunal Supremo ha dado carpetazo a las tres investigaciones que abrió en torno a Don Juan Carlos Aunque en algunos casos se han encontrado indicios de delito, éstos no tienen recorrido penal, por diversos motivos: algunos hechos han prescrito, otros se han regularizado, y otros tantos se produjeron cuando Don Juan Carlos era inviolable por su condición de Jefe del Estado. Por todo ello, el Rey emérito no tendrá que enfrentarse finalmente a un proceso judicial.
Al menos, no en España. El padre del Rey tenía hasta hace poco dos procedimientos abiertos fuera de nuestro país. Uno se cerró a finales del pasado año: el que investigaba el Ministerio Público suizo.
El fiscal de Ginebra Yves Bertossa decidió cerrar la investigación abierta por un presunto delito de blanqueo de capitales por los 65 millones de dólares que donó Don Juan Carlos a Corinna Larsen en 2012 y que a su vez recibió del rey de Arabia Saudí. Las pesquisas "no han permitido establecer un vínculo" entre el dinero y los contratos para la construcción del AVE a la Meca. Misma conclusión a la que ha llegado por cierto la Fiscalía española
La querella interpuesta en un juzgado de Londres por Corinna Larsen
Cuestión distinta es la otra causa pendiente y, que se sepa, la única que tiene abierta el emérito en este momento: la querella interpuesta en un juzgado de Londres por Corinna Larsen contra el padre del Rey por "acoso" y "difamación". Estos hechos se habrían producido ya después de la abdicación, cuando presuntamente se le habría reclamado ese dinero a la empresaria.
En este caso, la defensa de Don Juan Carlos ha apelado a su inmunidad para evitar que la denuncia prospere. Insisten en que nunca ha residido allí y que el juzgado no es competente. Los abogados de Larsen por su parte argumentan que el emérito, aunque forme parte de la Familia Real, ni es ya Jefe del Estado ni tiene ya asignación económica, por tanto ya no gozaría de esa inmunidad.
En todo caso se trata de un procedimiento civil, por lo que el Rey emérito no se enfrentaría a penas de prisión. Su examiga sí exige una compensación económica (aún sin determinar) además de las medidas cautelares que ya ha solicitado: que ni Don Juan Carlos ni ninguna persona enviada en su nombre se acerque a menos de 150 metros de ella o su familia.
El caso lo lleva la corte número 13 de la Queen’s Bench Division del Tribunal Superior de Londres que tiene que dirimir aún, tras escuchar a las partes el pasado mes de diciembre, si tiene jurisidicción o no.