Se cumplen seis años del Delcygate con incógnitas y contradicciones sin aclarar

Lo sucedido en la madrugada del 20 de enero de 2020 en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas sigue siendo, tras seis años, un misterio sin esclarecer completamente. Aquel día, la entonces vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, aterrizó en España pese a que, conforme a las sanciones de la Unión Europea, no podía pisar territorio comunitario. El asesor político Koldo García acompañó al entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos al aeropuerto para recibirla, un episodio que desató un enorme debate político y mediático.

A lo largo de estos años, nadie ha aportado una versión única y definitiva sobre lo que ocurrió. Ábalos, en varias entrevistas y declaraciones ante comisiones, ha variado su relato, primero negando la presencia de Delcy y después reconociendo el encuentro, aunque calificándolo de circunstancial y sin relación con decisiones de Estado.

Contradicciones oficiales

El principal problema para esclarecer aquel episodio ha sido la falta de transparencia. El Gobierno de entonces, desde Moncloa, nunca aportó todos los detalles que algunos consideran necesarios para comprender el contexto completo del encuentro y por qué se produjo en esas condiciones. La ausencia de una explicación clara y unificada ha mantenido vivas las dudas. Los documentos y mensajes recuperados por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sugieren implicaciones más amplias que incluyen a otros actores políticos y empresariales, pero todavía forman parte de piezas investigadas por la justicia.

Delcy, Aldama y Venezuela

La vinculación de Delcy Rodríguez con el empresario Víctor de Aldama, implicado también en el llamado Caso Koldo, ha añadido aún más complejidad al asunto. Informes policiales recogen comunicaciones y acciones que podrían haber ayudado a justificar la visita de Delcy, incluyendo conversaciones sobre logística y contactos en España.

La investigación judicial, que también abarca presuntas irregularidades en adjudicaciones de contratos durante la pandemia y otras actividades relacionadas con influencias indebidas, continúa su curso en el Tribunal Supremo de España y la Audiencia Nacional de España, con juicios previstos para 2026.

La mezcla de versiones contradictorias, intereses políticos y documentación parcial ha hecho que aquel episodio siga siendo motivo de especulación y preguntas sin respuesta para la opinión pública en España.

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