PARA INSTRUIRSE SOBRE UNA PRUEBA
La defensa de los exconsellers Jordi Turull y Josep Rull y del expresidente de la ANC Jordi Sànchez ha pedido un aplazamiento de tres semanas del inicio del juicio por el 'procés', señalado para el próximo 12 de febrero, en un escrito dirigido al Tribunal Supremo Asimismo, el abogado de los tres encausados ha solicitado en otro escrito su puesta en libertad para que se pueda garantizar su derecho a la defensa, tras denunciar que en la cárcel de Soto del Real se les está impidiendo el acceso a los ordenadores donde tienen almacenados los miles de folios del sumario, y ello pese a la autorización expresa del propio tribunal para poder utilizarlos.
En el primero de los escritos, el abogado pide la suspensión del inicio de la vista el 12 de febrero debido a que no se ha recibido íntegramente "la abundante prueba anticipada que ha sido admitida mediante auto de 1 de febrero de 2019".
Por ello, el letrado, Jordi Pina, solicita que se dé un plazo de tres semanas a las partes, desde que dispongan de la totalidad de los documentos, "para que puedan instruirse del contenido de dicha prueba".
También las defensas del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, presentaron la semana pasada sendos escritos para pedir al Supremo que les diera un margen de tres semanas para organizarse, entre la fecha del señalamiento del juicio y el inicio de la vista oral.
Como en el caso de Junqueras y Cuixart, el escrito de Jordi Pina emplaza al Supremo a concederle ese margen de tiempo de tres semanas para estudiar la prueba anticipada, con el fin de garantizar "el efectivo ejercicio del derecho de defensa" de sus clientes y del resto de las partes.
En el segundo escrito, la defensa de los tres encausados indica que en la prisión de Soto del Real "se está impidiendo a mis mandantes el acceso a los ordenadores en cuyo disco duro tienen grabados los miles de folios y archivos videográficos que integran el presente sumario", y ello "pese a lo acordado por este Tribunal por providencia de 30 de enero de 2019".
El letrado resalta que ello "comporta una evidente y ya efectiva vulneración de su derecho de defensa y su derecho fundamental a la igualdad ante la ley con respecto al resto de acusados no privados de libertad" y que, ante esta situación, pide a la Sala que "acuerde la inmediata puesta en libertad de mis mandantes".
Según la defensa de los tres acusados, hasta última hora de este lunes los acusados no tenían acceso a sus ordenadores personales en la prisión, aunque se les permitió acceder a un equipo informático en la ludoteca del centro penitenciario, que no contiene la causa, por lo que tampoco les era de utilidad alguna para prepararse el juicio.