este sábado, 27 de octubre
El pleno del Parlament que votó la declaración de independencia cumple este sábado un año con gran parte de sus impulsores a punto de sentarse en el banquillo en el TS para ser juzgados por presunta rebelión, desobediencia y malversación, si bien el expresidente Carles Puigdemont no será juzgado en este procedimiento al estar en Bélgica y retirarse la euroorden.
En prisión preventiva siguen aún varios políticos catalanes: el exvicepresidente Oriol Junqueras; los exconsellers Jordi Turull, Joaquim Forn, Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa; la expresidenta del Parlament Carme Forcadell; el exlíder de la ANC y actual diputado de JxCat, Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart --estos dos son los que llevan más tiempo: más de un año--.
En total son 18 los líderes soberanistas que finalmente serán juzgados en el Alto Tribunal por delitos que pueden conllevar más de 20 años de cárcel: será seguramente a mediados de enero, con los siete magistrados de la Sala de lo Penal --el presidente, Manuel Marchena, Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela, Antonio del Moral, Ana Ferrer y Andrés Palomo--.
El jueves el TS confirmó el cierre de la instrucción, que hizo el juez Pablo Llarena, llevando asimismo a juicio a los exconsellers Meritxell Borràs, Carles Mundó, Santi Vila --procesados por desobediencia y malversación--, así como la exlíder de la CUP en el Parlament Mireia Boya y los que fueron miembros de la Mesa Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet, a quienes el juez Pablo Llarena atribuyó presunta desobediencia.
Ese 27 de octubre, tras la negativa de Puigdemont a convocar elecciones, el Parlament declaró constituida la República catalana independiente y acordó iniciar un proceso constituyente, aprobando una resolución de JxSí y la CUP que fijaba "instar al Govern a dictar todas las resoluciones necesarias para el desarrollo de la Ley de Transitoriedad Jurídica y fundacional de la República".
Horas después, el entonces fiscal del Estado, José Manuel Maza, anunció en rueda de prensa dos querellas, y el lunes siguiente, cuando el Senado ya había aprobado aplicar el artículo 155 de la Constitución e intervenir la autonomía, se presentaban sendas querellas en el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional, posteriormente unificadas.
El martes 31 de octubre, cuando ya se sabía que Puigdemont se había ido a Bélgica con algunos de sus consellers, el Supremo y la Audiencia ya admitían a trámite las querellas y citaban a los investigados, aunque Puigdemont nunca se presentó. En las querellas, la Fiscalía acusaba a los exmiembros del Govern encabezados por Puigdemont y de la Mesa del Parlament de presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos por el proceso soberanista que concluyó con la declaración unilateral de independencia (DUI), pero que se remontaban a noviembre de 2015.
Llarena consideró que los encausados por rebelión impulsaron a la ciudadanía favorable a la independencia a que hicieran frente al dispositivo policial que tenía la orden judicial de impedir la votación del 1-O. Argumentaba que eso "supone, no ya aceptar el riesgo de una violencia claramente representable, sino directamente impulsar a una masa ciudadana a que desborde por la fuerza cualquier intención de contención que pueda provenir del Estado, tal y como finalmente aconteció el día de la votación".
En cuanto a Puigdemont, los exconsellers Toni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig, y Meritxell Serret, y las exdiputadas Marta Rovira y Anna Gabriel, quedan en una pieza separada tras ser declarados en rebeldía, por lo que no se sentarán en el banquillo, si bien no podrán regresar a España hasta que la causa prescriba o, en caso de regresar, pueden ser detenidos y juzgados.