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La CUP ha anunciado este mediodía que su treintena de alcaldes no irán a declarar voluntariamente en los juzgados por firmar el decreto de cesión de colegios electorales para el referéndum del 1-O. El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha enviado una instrucción a los fiscales de Cataluña para que citen como investigados (imputados) a los alcaldes que han firmado un decreto en el que se comprometen a ceder locales para celebrar el 1-O y, en caso de no comparecer, reclamen a los Mossos d'Esquadra que los detengan.
La CUP indica en un comunicado que sus alcaldes "no asistirán a declarar" ni tampoco "comparecerán ante las citaciones del fiscal general del Estado" y emplaza al resto de fuerzas políticas "a hacer lo mismo al amparo de la Ley 19/2017 del Referéndum de Autodeterminación". Para predicar con el ejemplo, uno de los alcaldes de la CUP, el de Argentona (Barcelona), Eudald Calvo, ha publicado dos tuits, en el primero de los cuales se observa como "archiva la advertencia del Gobierno" pasándola por una trituradora de papeles.
En el segundo tuit afirma: "Tengo mucho trabajo y no puedo estar por estas tonterías. Quien quiera hablar conmigo, ya sabe dónde encontrarme". La CUP recuerda en su comunicado a la Fiscalía que su estatuto "no contempla que pueda ordenar la detención de aquellos alcaldes que no comparezcan ante una citación", y que esto "sobrepasaría su límite competencial vulnerando los derechos fundamentales".
La formación anticapitalista catalana denuncia, asimismo, lo que considera "actuación demofóbica y ataque a los derechos fundamentales" por parte del Estado español "ordenando detenciones con el único objetivo de atemorizar a la población y a los cargos electos". "Responderemos conjuntamente -avanza la CUP-, como hemos hecho siempre, ante la estrategia represora del Estado español para hacer valer lo que entendemos que es un mandato popular mayoritario amparado en el derecho inalienable de los pueblos a su autodeterminación".